Alimentación
El Observatorio contra la obesidad nace con recelos desde el sector alimentario
Los altos índices de obesidad entre los jóvenes han llevado al Gobierno a impulsar la Ley de Seguridad Alimentaria y de Nutrición, aprobada ayer por unanimidad en el Congreso de los Diputados. El objetivo de esta nueva norma es velar por unos hábitos alimenticios saludables, así como lograr una mejor protección de todos los eslabones de la cadena alimenticia.
Para atajar este problema de raíz, la legislación establece medidas concretas que afectan a los colegios. De este modo, se prohíbe la venta de alimentos y bebidas con altos contenidos grasos y se les obliga a ofrecer menús infantiles con un correcto equilibrio nutricional, tal y como establece la Estrategia NAOS, que impulsa la actividad física para prevenir la obesidad. Además, el Gobierno creará un Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad.
Las reacciones no se han hecho esperar. Especialmente crítica ha sido la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, que emitió un comunicado en el que sostiene que «estas medidas no suponen una solución al problema de la obesidad». En la misma línea, indica que, «dado el complicado contexto económico actual, suponen una traba más al sector de la alimentación, que necesita medidas de impulso y no de freno a su actividad».
No fue esta la única crítica. La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) lamentó que el porcentaje de grasas trans que puede contener un alimento o la prohibición de venta de alimentos extracalóricos en centros escolares se deja para un desarrollo reglamentario posterior, mientras que la obligatoriedad de ofrecer menús alternativos a los escolares con intolerancias o alergias queda expuesto a «los supuestos en que las condiciones de organización e instalaciones lo permitan».
Prohibidas las «chuches»
Tal como adelantó LA RAZÓN, el texto prohíbe la venta en colegios de alimentos y bebidas que presenten un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares. Los niveles permitidos los fijará el Gobierno en un reglamento. La normativa exige menús infantiles sometidos a un correcto equilibrio nutricional. El texto velará también por impulsar la actividad física. Los centros escolares se verán obligados a elaborar menús especiales para celíacos, que sufren intolerancia al gluten.
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