El sueldo de los liberados pagaría 45450 pensiones

MADRID- Engrasar la pesada maquinaria de las organizaciones sindicales pasa, año tras año, una elevada factura al país. Además de las subvenciones que reciben directamente de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o en su defecto, de las cuentas de las autonomías, los 10.000 liberados sindicales que se calcula que existen en las empresas públicas y privadas cuestan a España unos 500 millones de euros al año. En plena recesión económica, el Estado podría financiar con esta cuantía diversas partidas de sus Presupuestos Generales del Estado y repartir con mayor equidad los costes que ha generado la crisis. Como botón de muestra, con esta cifra, el Ejecutivo podría pagar la nómina de 45.450 pensionistas al año, si se tiene en cuenta que la pensión media contributiva mensual se situó en 2011 en 785,83 euros al mes. La pensión media contributiva incluye las distintas clases de pensión que existen (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares). Con estos 500 millones de euros que salen de las arcas del sector privado y público, el Gobierno podría sufragar también en el presente ejercicio el subsidio de 400 euros a unos 104.166 desempleados. Esta paga de 400 euros está dirigida a aquellas personas que llevan sin trabajo más de dos años y que, por tanto, han agotado todas las prestaciones por desempleo.

«The Economist»: los sindicatos deben elegir
La revista británica «The Economist» advierte en su último número a los sindicatos de que dependerá de ellos el éxito de la reforma laboral para tratar de recuperar el crecimiento de la economía y del empleo. La publicación asegura que el éxito de la norma en términos de crecimiento económico «dependerá de la elección de los sindicatos entre proteger los empleos o mantener los salarios de sus afiliados». Para la revista británica, la reforma es una «mezcolanza» de medidas que ponen a disposición de la economía «herramientas para tratar de sobrevivir dentro del euro», ya que permite la «devaluación interna» con el descenso de los salarios. Según la publicación, era necesario un cambio en las leyes laborales españolas.