Santamaría asume el control de la negociación con el PSOE y CiU

MADRID- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, abrirán formalmente este miércoles la negociación y el diálogo entre los dos principales partidos en esta nueva Legislatura. La prioridad es la búsqueda de un acuerdo para renovar las vacantes institucionales que se arrastran desde el mandato socialista. Una agónica situación de interinidad que está afectando al funcionamiento de órganos tan importantes como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE), todos con renovaciones pendientes desde hace uno o dos años. Rajoy y Rubalcaba cortarán la cinta y pondrán la «primera piedra», pero luego habrá que acabar de levantar el edificio del pacto.

Por el lado del Gobierno, la dirección en el día a día de la negociación la llevará directamente la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría. Lógicamente, en el acuerdo que afecta al ámbito judicial intervendrá el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; y también estará en la «pomada» el portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso. Pero el peso, una vez más, recaerá en Sáenz de Santamaría, quien con discreción ejerce de absoluta «mano derecha» del presidente del Gobierno en el ámbito político, pero también en el grueso de las cuestiones económicas.

De todas las vacantes que están pendientes del acuerdo entre socialistas y populares las más delicadas son las que afectan al Constitucional. El Pleno ya no está integrado por doce miembros, como manda la Constitución, sino por once, desde el fallecimiento de Roberto García-Calvo en mayo de 2008. García-Calvo era cuota conservadora y la falta de acuerdo entre populares y socialistas en la pasada Legislatura hizo imposible tanto su sustitución como la propia renovación de los cuatro magistrados del TC que corresponde al Congreso. Están pendientes desde noviembre de 2010, ya que PSOE y PP sólo se pusieron de acuerdo, y tarde, en los que correspondían al Senado.
Otra «pata» fundamental de la estrategia política del Gobierno es la que toca a Cataluña y, en concreto, a la relación con CiU. El deseo es establecer una relación estable en materia económica que se traduzca en un intercambio de «cromos» en Madrid y en Barcelona. Al PP le interesa aparecer en Cataluña como un partido decisivo en el Parlamento, y también le viene bien contar con un «costalero» en las reformas que tramitará en las Cortes Generales. Tiene los votos, pero «ante la opinión pública no es lo mismo la soledad que ir acompañado en el viaje», según comentan en la dirección del grupo parlamentario.

Y en esto vuelve a entrar en juego la vicepresidenta. También ella va a dirigir la negociación con Cataluña, hasta el punto de que presidirá la Comisión bilateral con la Generalitat, aunque podría presidirla el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Una de las peticiones que dejó el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en Moncloa fue la de que se reúna cuanto antes esa comisión bilateral para hablar de traspasos a su juicio aún pendientes. En el marco de esta comisión bilateral el anterior Gobierno acordó el pasado mes de julio la transferencia de 759 millones a la Generalitat, que se derivan de la aplicación de la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña. Un traspaso que el Gobierno de Zapatero nunca llegó a hacer, que exigió incluso el PP catalán y que ahora CiU demanda al Ejecutivo de Rajoy. El presidente del Gobierno ya ha dicho que no ve margen para asumir esa deuda, pero ante el tira y afloja que se viene encima será la vicepresidenta la que sujete la cuerda.

Reunión con pocos acuerdos
La reunión que mantendrán Rajoy y Rubalcaba el miércoles no será ni mucho menos amigable. Dentro de la cordialidad de dos viejos conocidos, los puntos de desencuentro son más que los que comparten. El líder socialista se ha opuesto a todas las reformas impulsadas por el Gobierno.