La Junta no justifica la adjudicación de subvenciones sin concurso público

Las subvenciones concedidas por el Gobierno andaluz a empresas privadas y a familias e instituciones sin fines de lucro reproducen algunas de estas taras, según se recoge en el informe de la Cámara de Cuentas de 2006 en el tramo de ayudas que van de los 100.000 a los 300.000 euros. El órgano fiscalizador pone de relieve que el 20 por ciento de los perceptores analizados tienen expedientes con subvenciones concedidas de forma directa, frente al proceso de concurrencia competitiva, que debería ser la pauta general, según la Ley General de Subvenciones. La normativa contempla excepciones, como la existencia de una razón «de interés público, social o económico». En la mayoría de estos expedientes la Junta esgrime «una razón o motivo que justifica la concesión directa». «Sin embargo, no se hace constar si dicha razón dificulta la convocatoria pública, como exige el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones, de aplicación en Andalucía por su carácter básico». De ahí que inste a que «todo expediente de subvención excepcional acredite la dificultad o imposibilidad de realizar una convocatoria pública».

La Cámara de Cuentas detecta, no obstante, más anomalías. En primer lugar, «deficiencias en el ámbito de control interno, como las diferentes localizaciones de la documentación que conforma el expediente administrativo y la duplicidad en la documentación de carácter general que se requiere en la solicitud de ayuda». Así las cosas, aconseja «la implantación de manera progresiva de las nuevas tecnologías en la concesión de los diferentes programas de ayudas y subvenciones».

El órgano señala, asimismo, que «no existe ningún procedimiento de verificación y control una vez se ha procedido a justificar las subvenciones», que evidencie que los compromisos adquiridos por los perceptores para recibir la ayuda se han cumplido. En este sentido, llama la atención el caso de la empresa José Antonio Rodríguez e Hijos S. L. Recibió en 2006 una subvención de 296.586 euros para un proyecto de comercialización de precocinados y mariscos. La resolución de 2004 por la que se aprueba la ayuda recoge la obligación del beneficiario de una permanencia de cinco años. Sin embargo, la Cámara de Cuentas verificó que las instalaciones se encuentran «cerradas y sin ningún tipo de actividad». Hasta febrero de este año la Consejería de Agricultura y Pesca no ha iniciado los procedimientos de reintegro de la mencionada subvención.

«En el ejercicio 2006 –sigue el informe– no se han elaborado planes estratégicos de subvenciones de acuerdo a lo recogido en la Ley General». Lo único que existen son programas sectoriales, «en los que se engloban las diferentes líneas de ayudas».

Recomienda por otra parte la Cámara de Cuentas que «dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley General, se revise el marco normativo en el ámbito de subvenciones de la comunidad andaluza y se apruebe una ley de subvenciones de ámbito autonómico». El Partido Popular ha pedido precisamente en numerosas ocasiones que las subvenciones estén reguladas por una ley autonómica.