Se reanuda en Guantánamo el proceso contra el supuesto cabecilla de Al Qaeda

Al-Nashiri, de 46 años de edad, es uno de los 171 presos que quedan en la base naval estadounidense que la semana pasada cumplió diez años como centre de reclusión sin juicio de cientos de hombres capturados en todo el mundo por su supuesta vinculación con el terrorismo.

El martes y miércoles se celebrará segunda audiencia en el "Campo Justicia"de Guantánamo desde que el presidente Barack Obama restableció las "comisiones militares"bajo nuevas reglas de proceso, y el de Al-Nashiri es el primer caso donde el acusado puede ser condenado a muerte de ser declarado culpable.

Según el gobierno de Estados Unidos, Al-Nashiri planificó el ataque en 2000 contra el destructor estadounidense "Cole", en el puerto de Adén, que causó la muerte de 17 marinos y heridas a otros 35.

Además del cargo de terrorismo por el ataque al "Cole", Al-Nashiri ha sido acusado de conspiración por su supuesta colaboración entre 1996 y 2002 con el entonces jefe de al Qaeda, Osama bin Laden y su sucesor Ayman Al Zawahiri.

Asimismo, está incluido junto con los otros supuestos cabecillas de Al Qaeda Khalid Sheik Mohammed y Abu Zubayda en la lista de sospechosos sometidos a malos tratos físicos, como la asfixia por agua, que reconoció el entonces director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), Michael Hayden, en 2008.

Desde su captura por la CIA en los Emiratos Árabes Unidos, Al-Nashiri pasó por prisiones clandestinas, una de ellas en Polonia, y de otros países antes de ser trasladado en secreto a Guantánamo.

En la audiencia preliminar que se celebró el 9 de noviembre pasado, cuando se instruyó a Al Nashiri de los cargo, el fiscal principal, general de brigada del Ejército Mark Martins, indicó que el juicio debería iniciarse en un período de 120 días -esto es el 2 de febrero- a menos que existiesen alegaciones que el juez, coronel de Ejército, James Pohl, considere razonables para su atraso.

La defensa, encabezada por el teniente comandante de la Marina, Stephen Reyes, y su colaborador civil el abogado Richard Kammen, un experto en pena de muerte, rechazaron odo el proceso y sostuvieron que el sistema de "comisiones militares"está organizado para condenar y matar.

A diferencia de las "comisiones militares"que funcionaron durante el gobierno del presidente George W. Bush -donde se aceptaban pruebas y acusaciones anónimas y confesiones obtenidas bajo presión- las nuevas reglas excluyen las pruebas secretas.

El general Martins ha indicado que su labor como fiscal no empleará cargo o prueba cuya validez y legalidad no sean aceptables en los tribunales civiles.