Los pisos de menos de 100000 euros no irán al «banco malo»

MADRID- Las entidades financieras no podrán transferir al «banco malo» los activos inmobiliarios de menor valor (inferiores a 100.000 euros) ni tampoco los préstamos de menos cuantía (por debajo de 250.000), ya que se fijará un «umbral mínimo» con el objetivo de que el manejo de la sociedad no sea «imposible» y se garantice su rentabilidad. Lo anunció ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Congreso durante una comparecencia prevista para dar cuenta de la última reforma financiera y de los resultados de la prueba de esfuerzo de Oliver Wyman. Un test cuyo coste será publicado en los próximos días por el Banco de España y asumido por el Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de aportaciones privadas de la banca y cuyo objetivo fundacional es asegurar los ahorros de los ciudadanos.

De Guindos defendió ante la Comisión de Economía que Oliver Wyman ha realizado un ejercicio de transparencia y rigor «sin precedentes en ningún otro país del mundo desarrollado», y que la principal virtud de este proceso de recapitalización y reestructuración es que «ha despejado las dudas sobre la capacidad de nuestros bancos». Esto, además de demostrar, según palabras del ministro, que el sistema financiero español es, en su mayoría, solvente. El resultado arroja unas necesidades de capital por debajo de los 60.000 millones de euros, «muy lejos» de los 100.000 millones que era el máximo disponible de la línea de asistencia financiera de la que dispone España.

El ministro explicó también durante su comparecencia que el «banco malo» adquirirá los activos tóxicos del ladrillo de las entidades nacionalizadas o que reciban ayudas públicas «a precios muy conservadores» y permitirá abaratar la vivienda, además de sanear los balances de los bancos. Dicho de otro modo: el Gobierno aspira a dinamizar el mercado inmobiliario y poner a dispoción de los españoles viviendas a precios más reducidos. Los expertos calculan que podrían sacarse a la venta por un precio inferior al 60 por ciento del actual.

El objetivo es que entidades financieras sanas, aseguradoras y fondos de inversión, entre otros, tengan una participación mayoritaria en el capital del «banco malo» de al menos el 55%. No obstante, el ministro de Economía reconoció que el precio de compra de activos podría provocar pérdidas en los bancos intervenidos, una contingencia para la que se podrán emplear las ayudas europeas. Así, para sanear la banca el Gobierno combinará el uso de la sociedad ideada para limpiar sus balances de «ladrillo» y los aproximadamente 40.000 millones de euros de fondos europeos que solicitará para cubrir las necesidades de capital. No en vano, De Guidos sugirió que el «banco malo» se perfila como una herramienta de saneamiento bancario «más importante incluso que las ayudas de capital» que se pedirán para rellenar el déficit identificado por la consultora Oliver Wyman por más de 53.000 millones.

1 de diciembre
El «banco malo» estará manejado por una sociedad gestora independiente y de él se podrán segregar activos o construir fondos especializados para obtener una «gestión más ágil» de los inmuebles y los préstamos. Las entidades controladas por el FROB -Bankia, Catalunya Bank, Novagalicia Banco y Banco de Valencia, serán las primeras en traspasar sus activos tóxicos a la sociedad, a partir del 1 de diciembre. El plazo para el resto concluirá en febrero. Sobre si las medidas articuladas por el Gobierno para sanear y recapitalizar la banca permitirán que fluya el crédito a la economía, el ministro sostuvo que limpiar los balances de la banca es una condición imprescindible para alcanzar este objetivo, si bien reconoció que «no es la única».
Y es por eso por lo que el portavoz del PSOE en la Comisión de Economía, Valeriano Gómez, dijo desconfiar de las premisas de partida con las que la consultora Oliver Wyman ha hecho las pruebas de estrés, al tiempo que pidió renegociar el Memorándum de Entendimiento (MoU) firmado con Bruselas para acceder al la línea de crédito de los 100.0000. Su impresión, como la del «Wall Street Journal» que mencionó es que los parámetros utilizados por la consultora son poco realistas. «De liberal a socialdemócrata, no se crea mucho los editoriales de la prensa capitalista», le replicó con sorna el ministro. Pero pese a la mofa, el socialista le dijo que las previsiones que se recogen en el documento –tanto en el escenario estresado como en el básico– son más halagüeñas que las que recoge el propio Gobierno en los PGE de 2013 en materia de crecimiento del PIB, empleo o precios de la vivienda. Y añadió que, si en todo caso es menos el dinero que al final hay para para recapitalizar los bancos, «hay que renegociar las condiciones del rescate».

El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre puso el acento en la falta de liquidez y pidió que «se imponga un coeficiente de crédito obligatorio» para que las entidades financieras que reciban ayudas públicas tengan que destinar dinero a dar crédito a la economía real. «No es una medida ortodoxa, pero hau que dar señales de que va a resolverse la liquidez para el tejido productivo y no sólo los problemas de la banca», afirmó.

La banca pide un traspaso a precios razonables
Directivos de algunas de las principales entidades financieras solicitaron ayer al Gobierno que el traspaso de activos al llamado «banco malo» se realice a un precio creíble y razonable para evitar una excesiva devaluación de los pisos que están en manos de la banca y de los ciudadanos. Una de las dudas que pesan es la de los descuentos que se aplicarán a los activos traspasados. Durante la octava edición de la jornada sobre banca que organizan Esade y Ahorro Corporación, el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, se mostró partidario de un «banco malo» cien por cien público, como han hecho Irlanda o Suecia, aunque reconoció que esta fórmula, en España, «nos queda lejos», ya que el objetivo del Gobierno es que esta entidad no compute como deuda pública. «Es una restricción excesiva», dijo Guardiola, quien mostró su preocupación ante la posibilidad de que el precio de la transferencia de los activos en España se sitúe «casi a coste de liquidación», ya que, de ser así, «provocará pérdidas inmobiliarias y el valor de los pisos bajaría radicalmente». En esta misma línea se expresó la directora financiera de Bankinter, Gloria Ortiz, quien advirtió de que sería «muy dañino» para el sistema financiero sano y para el conjunto de los españoles que los precios de los activos tóxicos se fijaran a un precio muy bajo, ya que unos y otros ser verían obligados a vender «a precio de derribo». Por su parte, el director general de BBVA, Eduardo Arbizu, destacó la necesidad de que la transferencia de activos al «banco malo» se haga a un precio «real y creíble» para evitar una mayor devaluación de los pisos en España».