El Consell cuenta con más de 4000 millones en facturas sin contabilizar

Valencia- La Generalitat valenciana prevé que emerjan unos 4.000 millones de euros en facturas «en los cajones» durante el proceso de inventarización de la deuda con proveedores correspondiente a 2010 y 2011. El 14 de abril es la fecha tope para que las autonomías presenten al Ministerio de Hacienda las cantidades que adeudan. Ahora la Intervención de la Generalitat se encuentra en pleno proceso de recaptación de dichos documentos.

Aproximadamente la mitad de esa cantidad, concretamente 2.100 millones, corresponden a la Conselleria de Sanidad, y más de cien millones se atribuyen a Radiotelevisión Valenciana (RTVV).

El conseller de Sanidad, Luis Rosado, explicó ayer acerca de este asunto que los interventores de la Generalitat están revisando unas 300.000 facturas no contabilizadas y pendientes de pago, cuyo importe se cifra en 1.343 millones de euros.

Información disponible
Indicó que desde la Conselleria se está informando a la Generalitat de cuáles son las facturas no contabilizadas, y señaló que se trata de una información que está «disponible y se transmitió hace tiempo desde el Síndic de Comptes».

«Lo que está haciendo la Intervención es revisar estas facturas para proceder, en la medida de lo posible, al pago correspondiente en los próximos meses».
Entre los recibos, según el conseller, hay «deudas importantes con algunas casas comerciales y otras que son más pequeñas» e indicó que el criterio de pago a los proveedores «parece ser el de antigüedad y a partir del próximo mes de mayo».

Una vez el Ministerio de Hacienda cuente con las facturas a pagar de todas las autonomías, éstas tendrán que remitir al Departamento dirigido por Cristóbal Montoro, un plan de ajuste en el que sean capaces de garantizar la devolución de ese dinero.
Tal y como señala el Ministerio, dicho plan, que deberán enviar antes del 30 de abril, incluirá «compromisos en materia fiscal», es decir, subidas de impuestos, y «de estabilidad presupuestaria», así como «reformas estructurales para fomentar el crecimiento del empleo».

El Ministerio de Hacienda valorará el documento y comunicará a la Comunidad Autónoma el resultado de su análisis en quince días hábiles desde la recepción del mismo, emitiendo un informe de condicionalidad fiscal.

Además, el Ministerio evaluará el cumplimiento de estos ajustes con una periodicidad trimestral.