Un problema real de igualdad por Juan Antonio Lorenzo

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictada recientemente, en relación con las políticas de inmersión lingüística de Cataluña, pone de nuevo de manifiesto la existencia de un problema real en nuestro sistema educativo: la ruptura del mismo en diecisiete modelos bastante diferentes entre sí, no sólo en cuestiones accesorias, sino también en temas fundamentales de la educación y, sobre todo, de los derechos y libertades individuales y de la igualdad de los españoles ante la Ley.

El marco para analizar este problema lo encontramos en la propia Constitución española, que, en su título preliminar, define con claridad los derechos y libertades individuales y la igualdad de todos ante la Ley independientemente del territorio en que uno viva. La situación a la que hemos llegado es consecuencia de la indefinición del Título VIII de la Constitución, así como del desarrollo de este título a través de los acuerdos entre los partidos políticos, que terminó configurando un Estado descentralizado políticamente hasta límites próximos a la segregación del mismo. Por otra parte, el reparto de competencias en este marco en materia educativa ha facilitado la ruptura de un currículo común y la existencia de importantes diferencias entre comunidades autónomas con evidentes perjuicios para los ciudadanos. También la falta de decisión de los gobiernos de la nación para hacer cumplir las leyes en todo el territorio nacional y la falta de acción de la Alta Inspección han dado lugar a una situación bastante preocupante.

Esta realidad pone en evidencia la existencia de importantes inconvenientes. Para los estudiantes no universitarios cuando tienen que trasladarse de comunidad autónoma, debido a las diferencias existentes entre los currículos de unas comunidades y otras, además del desconocimiento de la lengua oficial, en aquellas comunidades autónomas en las que se están produciendo procesos de inmersión lingüística.

Por otro lado, para los estudiantes universitarios, aparecen los problemas cuando quieren cursar estudios en una comunidad autónoma diferente a la suya, al predominar la lengua cooficial y no ambas en el terreno académico como debería suceder.
También repercute en los propios profesores de otras comunidades, a quienes se les limita el derecho para poder trasladarse a una comunidad autónoma en la que exista el proceso de inmersión lingüística, mientras que los profesores de ésta pueden trasladarse al resto sin problemas de este tipo.

Más allá, la descentralización política de la educación en las autonomías y sus consecuencias para el Conocimiento que no entiende de inmersiones ni fronteras y que, por tanto, no debería verse limitado por motivos territoriales o lingüísticos, dado que el currículo se condiciona por factores de este tipo.

En consecuencia, los ciudadanos debemos exigir que el Gobierno de la nación y los representantes de Estado garanticen: la prevalencia del derecho de los padres y de los estudiantes a estar escolarizados en la lengua de su elección, junto a la exigencia de un conocimiento de la segunda lengua en el caso de las comunidades Autónomas con lengua cooficial; la necesidad de un currículo común en todo el Estado, no confundiendo el conocimiento y la cultura que deben tener los ciudadanos españoles con la lengua y cultura propias de la comunidad autónoma, que ha de considerarse una riqueza añadida a conservar y cultivar; y, la defensa a ultranza de los derechos y libertades individuales y la igualdad ante la Ley sobre consideraciones territoriales o lingüísticas.

Juan Antonio Lorenzo
Profesor de la Universidad Complutense