La Fiscalía investiga a los indignados «borrokas»

Todo el peso de la ley debe caer sobre los protagonistas de una «kale borroka» que durante unas horas secuestró el Parlamento catalán en el mayor desafío visto contra las instituciones desde el 23-F. El «tejerazo» rasta no puede salir impune. Ésta es la idea que ayer defendió enérgicamente toda la clase política y que ya está poniendo en marcha la Fiscalía con la ayuda de los Mossos d'Esquadra. Los diputados catalanes retomaron ayer sus trabajos en la segunda jornada de un pleno que recobró cierta normalidad, aunque todavía fueron visibles las secuelas del brutal cerco. Los Mossos permanecían apostados en los accesos del parque de la Ciutadella, mientras que los parlamentarios no salían de su asombro repasando los periódicos y emulando escenas inverosímiles como la del presidente de la Generalitat acudiendo al Parlament en helicóptero para sortear el sitio de los «indignados».

Artur Mas, que ayer pudo regresar al hemiciclo en coche, recordó que ya hay seis detenidos por los graves disturbios causados por la «kale borroka» –así definió a los agresores– , pero se mostró convencido de que la cifra irá en aumento porque se están analizando las grabaciones e investigando las denuncias. «Yo espero que esto no acabe únicamente en el ámbito de la Fiscalía –que ya ha abierto diligencias–, sino que pase al ámbito de los tribunales y que haya un castigo ejemplar para aquella gente que hizo un atentado flagrante a nuestra democracia y a nuestro Parlament», expresó. El sentir de Mas fue compartido por el resto de la clase política catalana, muy unida durante la jornada del cerco, pero no tanto durante el día de ayer porque surgieron las primeras críticas de la oposición por las insuficiencias del dispositivo policial.

Acciones legales
En todo caso, la exigencia de hacer justicia con los violentos fue unánime. La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, anunció que la institución «estudia y valora» emprender acciones legales contra los autores de agresiones y coacciones. Los servicios jurídicos de la Cámara catalana trabajan en un informe para evaluar qué medidas se pueden tomar y también meditan la conveniencia de personarse en las diligencias abiertas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. También varios diputados de CiU –al menos media docena– estudian a título personal la decisión de presentar denuncia. Ayer, se mostraban reacios a seguir dando más detalles a los periodistas sobre las agresiones que sufrieron, pero eso no significa que quieran pasar página.
Ningún diputado desea que la penosa jornada del 15-J quede archivada.

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, una de las muchas que tuvieron que acceder al Parlament subida en un furgón policial, reclamó «contundencia y firmeza» al Gobierno catalán. Y Mas se comprometió a ello: «El Govern no digo que será no beligerante pero sí contundente y tremendamente exigente», aseguró. La dirigente popular pidió, además, que las investigaciones no se dirijan únicamente contra los autores de la «kale borroka», sino también contra los promotores de una manifestación que trataba de impedir la celebración del pleno en el Parlament porque eso también está tipificado como delito en el Código Penal.

En paralelo a los posicionamientos políticos, la Fiscalía y los Mossos trabajaban ayer en la labor de clarificar los hechos. Hasta el momento, la Policía autonómica mantiene a seis arrestados y ha identificado a diez de los instigadores, pero todavía no ha conseguido darles caza. Pero la pregunta que ayer imperaba ayer es si el operativo policial era suficiente para neutralizar la ofensiva de la «kale borroka». El propio Mas admitió que no. «Es evidente que el dispositivo policial seguramente estaba previsto en unas circunstancias de mayor tranquilidad y se tuvo que enfrentar con una "kale borroka"de extrema violencia», relató. El consejero de Interior, Felip Puig, pidió excusas por no haber podido garantizar la seguridad de todos los diputados y accedió a comparecer en sede parlamentaria para dar mayores explicaciones sobre lo sucedido.

Una larga ovación
Pese a que la polémica ya está sobre la mesa, los diputados catalanes se sentían de enhorabuena porque pudieron concluir en el pleno. Al término de la sesión, la presidenta del Parlament apeló a a la unidad de todos los demócratas en defensa de los valores y las libertades. «Nos unen más cosas de las que nos separan: la defensa de los valores democráticos», dijo De Gispert. Y una larga ovación de los diputados cerró una sesión que nadie olvidará.

El falso vídeo de infiltrados
La Consejería de Interior catalana y los Mossos d'Esquadra confirmaron ayer que un vídeo que está circulando por internet y por las redes sociales, en el que aparecen unos presuntos policías infiltrados en el movimiento de los «indignados» es falso. Los integrantes del 15–M habían difundido que estos supuestos Mossos habían comenzado los altercados en las cercanías del Parlament. El conseller de Interior, Felip Puig, manifestó ayer que estas imágenes «son falsas y un montaje». Fuentes policiales confirmaron a LA RAZÓN que en estas imágenes no aparecen agentes infiltrados, y que todo es un montaje perpetrado por el movimiento de los indignados, pese a estar muy difundido en la red.

El Príncipe responde al insulto con un saludo
Un saludo y una sonrisa. Como si no hubiera pasado nada. Esa fue la cortés respuesta del Príncipe Don Felipe de Borbón a un reducido grupo de personas que, con la bandera de la II República en mano, le recibieron con insultos, abucheos y consignas a su llegada a un acto a la Universidad Autónoma de Madrid. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, tampoco se libró del recibimiento y también tuvo que escuchar, al igual que Su Alteza Real, «lindezas» de los asistentes como «criminales» y «delincuentes». Ante los insultos y las consignas, el Príncipe, siempre correcto y educado, se limitó a sonreír y saludar a los manifestantes.