Fin de la «guerra feudal del agua»

SEVILLA- El «decretazo» de reordenación del sector público, que después se convirtió en decreto bis y a principios de este año en ley, fue la espoleta de las manifestaciones de los funcionarios de la Agencia Andaluza del Agua. Hasta ese momento, el descontento sólo había circulado en clave interna. A partir de entonces, este amplio colectivo de casi un millar de trabajadores se echó a la calle, abanderando la cascada de manifestaciones por la reordenación empresarial.
El primer grito lo dieron en el Parlamento. Fue a mediados de septiembre de 2010. Varios centenares de trabajadores de la Agencia Andaluza del Agua protagonizaron una asonada a las puertas de la Cámara, y un grupo consiguió incluso entrar al Plenario. Aguardaron en sus asientos hasta que Griñán acabó su intervención –la primera tras el descanso veraniego–. Exhibieron unas camisetas con una cruz negra y mientras eran desalojados gritaban «¡el agua no se privatiza!» o «¡soltad el Guadalquivir!».
A partir de ese día comenzó a espumar una revuelta de los funcionarios que acabó superando todas las expectativas del Ejecutivo de Griñán. Lo que rechazaban los trabajadores de la Agencia Andaluza del Agua era la integración en una nueva macroagencia –otra integración más– junto a los 5.000 empleados de Egmasa, que no habían entrado precisamente por oposición en este ente mercantil de la Junta y que verían así blindado su estatus laboral.
No era la primera integración porque en el 2005 el Estado ya transfirió a la Junta la Confederación Hidrográfica del Sur, así como las cuencas del Tinto, Odiel, Piedras, Guadalete y Barbate. Se creó entonces la Agencia Andaluza de Agua y, con la gestión autonómica, creció el descontento de los funcionarios. Los «transferidos» denunciaron entonces –denuncias con sordina– que tras la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) perdieron antigüedad en caso de concurso de traslado y se borró también el requisito de titulación de plaza, de tal forma que cualquier titulado podía presentarse como jefe de explotación de una presa o como diretor de una obra hidráulica.
La última gota antes del polémico «decretazo» fue la transferencia a Andalucía en 2009 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Tampoco se respetó la antigüedad de funcionario del Estado a la hora de los concursos, pero las críticas se dirigieron sobre todo a la politización de la gestión. A la cabeza de todas las provincias se colocó un delegado provincial de eminente corte político. Bajo éste, un gerente de libre designación, también bajo directriz política, y los funcionarios quedaron relegados a una jefatura técnica.
Pese a los intentos de mantener la unidad de cuenca –en junio de 2010, federaciones y asociaciones de regantes y colegios profesionales firmaron un manifiesto apelando a la Directiva Marco–, la gestión se fragmentó. Los funcionarios han hablado de la «guerra feudal del agua». Cuando el responsable –político– de Jaén pedía abrir el grifo para el olivar en tiempos de sequía, en Huelva pedían más agua para «sus» arroceros...Ahora se produce el enésimo giro. Los que gritaron «soltad el Guadalquivir» lo están celebrando.