«No hay desequilibrio de usos a un kilómetro de la capital» defiende Ikea

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, aprobado hace apenas un lustro y diseñado hace una década –en otra era económica– puede suponer, así lo cree el Ayuntamiento –que aboga por revisiones– y la multinacional Ikea una suerte de Decreto de la Alhambra. En juego, una inversión que ronda los 250 millones y la creación de 4.000 puestos de trabajos –directos e indirectos–; el 5% de la tasa de paro de la capital, con 76.700 desempleados en junio.
Ante la controversia suscitada, LA RAZÓN de Sevilla ha tenido acceso a la versión de la multinacional. Los asesores de Ikea recuerdan que «alrededor del aeropuerto, nudo intercambiador suprametropolitano, amén de la existencia de una pujante actividad industrial I+D+i en los términos colindantes, Sevilla tiene un inmenso frente de cultivo de algodón».
«Sevilla necesita un desarrollo de suelo para las demandas que se generen con referencia al complejo aeroportuario: hoteles, comercios, empresas, industrias, etc., y una mejora de sus accesos y de la estética de éstos», explicaron los juristas de Ikea. «Así lo ha previsto el PGOU con dos piezas a desarrollar formadas por los sectores San Nicolás Oeste y Este, ambas ligadas y con ordenación conjunta exigida por el equipo de Gobierno saliente, con buen criterio», añadieron.
«Ikea llega a un acuerdo con los promotores y con el Ayuntamiento para establecer la segunda tienda metropolitana: Sevilla 2 Aeropuerto, en detrimento de otras ubicaciones que ha barajado, mediante los pertinentes estudios de mercado supracomarcal, de tráfico, etc». «Ello descargará la tienda Ikea 1, muy constreñida, y traerá actividad comercial subregional a la capital», añadieron. «Sobre 1.450.000 metros cuadrados de suelo de uno de los dos sectores, cuya edificabilidad establece el PGOU en 708.000 metros cuadrados de techo de varios usos, se han de colocar varios operadores», explicaron. Ikea «actuará como locomotora, concentrando la inversión en el desarrollo y puesta en carga de todo el sector (urbanización, infraestructuras, cesiones regladas...), colocando la segunda tienda rodeada de ocio, restauración y otros operadores que deseen implantarse, y propiciando la disponibilidad de suelo urbanizado para las demandas futuras de apoyo a los servicios que necesita un aeropuerto y que ahora se van a otros municipios».
«De los 708.000 metros cuadrados de techo que se ordenarán», Ikea «se queda con 149.000 (apenas un 20%) –y 41.409 metros sobre el tope del PGOU– para desarrollar una inversión y unos puestos de trabajo que ya empiezan a crearse con las obras». La asesoría defiende, y califica como «paparruchadas», el supuesto «desequilibrio de usos», que «no existe si se hace el centro comercial de Ikea en un municipio un kilómetro más alejado, dentro de la CN-IV», como ocurre con Los Espartales, el parque aeronáutico o el centro logístico. Ikea defiende que «cede más de un 60% de todo el suelo que se ordena (867.832 metros cuadrados de suelo frente a los 1.431.254 que se ordenan), a los que se añadirán los de San Nicolás Este, cuyo desarrollo discurre en paralelo».
Sobre el informe negativo de Aviación Civil, Ikea asegura que atañe «a todo el PGOU, que no se preocupó de cumplir con las limitaciones sectoriales». Acerca de las infraestructuras, indica que «la Gerencia recibió, contante y sonante, 19,5 millones, hace más de cinco años», para la ejecución de éstas.
Los asesores aseguran que «los promotores, Ikea y la Gerencia pretendemos destacar lo positivo: con el frente aeroportuario urbanizado y una tienda Ikea inaugurada, en cuatro años la ciudad dispondrá de suelo neto para hoteles, aparcamientos, empresas, comercios....». «Gestión en vez de trabas» y «no ilegalidad, sino trabajo». «Podemos hacerlo con los suecos o hacernos los suecos. Dentro de cuatro años veremos quién tenía razón», concluyen.

El análisis
Ikea llegó a un acuerdo con los propietarios de la parcela de 1,4 millones de metros de San Nicolás Oeste. El PGOU otorga a este terreno 107.600 metros de edificabilidad comercial. La multinacional presentó un plan parcial con 41.500 metros de superficie compartida más de los permitidos en el PGOU. La idea, como en Jerez, vender los terrenos sobrantes. Rentabilidad máxima, coste cero. Urbanismo, de entrada, contestó que la propuesta altera la norma. La clave que baraja el PP para que la adjudicación sea legal pasa por otorgar otros usos, aunque sean parciales, más allá del comercial. En el aire queda la construcción de los accesos, que se supone que deberían correr a cargo de los fondos de sistemas generales del PGOU, desviados por Monteseirín. La contrapartida de que la compañía se encargue de estos equipamientos como contraprestación no es descartable y serviría de freno a posibles reclamaciones similares. Algo así como «ellos pagaron las carreteras y crearon 4.000 empleos». Hacen cola el Sevilla, el Betis y Altadis; y a Gaesco le han hecho los ojos chiribitas. Cuestión de prioridades, una de las palabras más pronunciadas por Zoido. En cualquier caso, la Junta tendrá la última palabra.