Cañete quiere frenar la «excesiva» concentración en la distribución

MADRID- El ministro de Agricultura ha logrado sacar adelante dentro del Gobierno dos de sus proyectos estrella para esta legislatura, incluidos dentro del programa electoral del PP. Se trata de las futuras leyes de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, por un lado, y de integración cooperativa, por otro. El objetivo fundamental del primero es defender a los agricultores y ganaderos de los abusos que se pueden producir a lo largo del proceso de comercialización de sus productos, debido a la gran concentración de la demanda que se ha registrado durante los últimos años y al aumento de la capacidad de presión de las medianas y grandes superficies de distribución.

Prácticas abusivas
En el caso del segundo, lo que se pretende es justamente concentrar la oferta potenciando el papel de las cooperativas. Se trata de dos proyectos muy ambiciosos y de una elaboración muy complicada dentro el Ejecutivo, porque había muchos intereses en contra.

Después de la decisión del Gobierno del pasado viernes, se ha abierto un proceso de información pública; posteriormente, los responsables del Ministerio de Agricultura, junto a los otros departamentos afectados, decidirán si incorporan a los textos algunas de las sugerencias que se hagan, antes de remitir a las Cortes los proyectos definitivos. Estos podrían convertirse en Leyes durante la próxima primavera.

Tal y como ya informó LA RAZÓN el pasado lunes, la futura ey para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria pretende aumentar la eficacia y la competitividad del sector agroalimentario español y reducir el desequilibrio de las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la misma.

En ella se establecerán, entre otras medidas, la obligación de formalizar por escrito los contratos en el sector agroalimentario y se determinan los elementos que deben incluir esos contratos, entre ellos el precio, las condiciones de pago y la duración.

También se hace referencia a lo que se denominan prácticas abusivas, como modificar las condiciones ya establecidas en un contrato o exigir pagos adicionales sobre un precio ya pactado, que estarán prohibidas.

Asimismo, se modifica la normativa vigente sobre organizaciones profesionales agroalimentarias, permitiendo a las mismas la negociación colectiva de precios si así lo contempla la normativa de la Unión Europea.