Los maestros gozarán de más protección jurídica en 2012

Murcia- El Consejo de Gobierno autorizó ayer la puesta en marcha de la tramitación del anteproyecto de Ley de la Autoridad Docente de la Región de Murcia que «reconocerá y fortalecerá el importante papel del docente ante la comunidad educativa, haciendo valer su figura como parte esencial en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo personal del alumno, con responsabilidad y autoridad para garantizarlo, y establecer la protección jurídica que se deriva de esta actuación», explicó el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, junto al portavoz del Gobierno regional, José Ballesta.

De esta manera, la Región de Murcia será la tercera comunidad autónoma en adoptar esta normativa, detrás de Madrid y la Comunidad Valenciana. Una iniciativa recogida en el programa electoral del PP en los pasados comicios autonómicos y que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que sería una de las primeras en ponerse en funcionamiento. No obstante, el anteproyecto será primero compartido con la comunidad educativa en los diversos foros de participación como el Consejo Escolar de la Región, la Mesa Sectorial de Educación y la Comisión de Directores. Finalmente, deberá contar con el visto bueno del Consejo Jurídico, que, tras emitir su dictamen, lo devolverá al Ejecutivo antes de su presentación en la Asamblea, donde se procederá a su debate parlamentario. Por lo que Sotoca apuntó que espera que la nueva normativa esté a principios de año. De tal forma, el texto legal se aplicará en todos los centros educativos de la Comunidad que imparten enseñanzas regladas no universitarias recogidas en la LOE y se extenderán tanto a la actividad del docente como al resto de actividades extraescolares.

En lo referente a la protección jurídica, las consecuencias más directas son, por un lado, el reconocimiento de la condición de la autoridad pública al docente y, por otro, la presunción de veracidad de los hechos que constaten los docentes, además de la garantía de asistencia jurídica. Según el anteproyecto, se le confiere condición de autoridad pública a todos los directores y miembros de los equipos directivos, así como a los docentes. En el caso de los centros privados, la condición quedaría limitada al ámbito interno y disciplinario de las relaciones de los docentes con el alumnado.

Asimismo, la legislación recoge la responsabilidad del alumno por los daños que pueda causar de forma intencionada o negligente, quien deberá reparar el daño causado y hacerse cargo del coste económico de su reparación.