Un año perdido en la lucha contra la violencia de género

El preocupante ascenso del número de víctimas de 2010, 15 más que en 2009, los enfrentamientos entre el Poder Judicial y el Ministerio de Igualdad, la polémica de las denuncias falsas, la falta de medios en los juzgados y en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la desaparición del Ministerio de Igualdad, buque insignia del Gobierno en su primera Legislatura... Todo este panorama, unido a la falta de medios económicos por la crisis, perfila un futuro complicado para las mujeres víctimas de maltrato. Los pasos dados hasta ahora no son suficientes. Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio para la Violencia Doméstica, mostró su preocupación por una realidad desoladora: sólo dos de cada diez víctimas denuncia su situación. «Hay una bolsa de mujeres maltratadas que no acaba de emerger, no se acercan a las instituciones porque tienen una dependencia psicológica o económica con el agresor, falta de recursos para vivir en caso de separación, porque la respuesta judicial no es la que esperaban o porque creen que no la van a creer». Para Montalbán, otra de las claves para la mejora de la respuesta es la información de la que disponen los jueces. «Es necesario un informe forense, en el que se incluya el resultado de una entrevista con los implicados, una evaluación de la situación familiar y el perfeccionamiento de las medidas que acompañan las órdenes de alejamiento», dijo.

Asimismo recordó que «otro aspecto fundamental es la comarcalización de los partidos judiciales. Hay que optimizar los recursos y sería deseable que hubiera más personal dedicado a la protección de las víctimas». Por su parte, Ángela Cerrillo, presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, solicitó medidas educativas y sociales complementarias a las judiciales. «Hay que mejorar la atención de las víctimas en los juzgados, que es deficitaria. Además, las mujeres no reciben la suficiente ayuda psicológica y no consiguen romper la dependencia emocional, algo necesario para denunciar a su agresor y pedir medidas cautelares», lamentó. En cuanto a los GPS, pidió una reforma legal que permita «la imposición a los maltratadores que han cumplido condena».


La última víctima había solicitado protección
Ciudad Real fue el escenario el pasado 20 de diciembre de la última muerte registrada por violencia machista, pero el caso es especialmente notorio porque el presunto asesino no sólo había sido denunciado previamente por la víctima, sino que el juez, tras el juicio rápido, desestimó la imposición de medidas de protección. Los hechos ocurrieron sobre las 23:00 horas del sábado 18, cuando un hombre, E. M. K., de 29 años y nacionalidad marroquí, agredió con un arma blanca a su mujer, de 24 años y también marroquí. Fue ella misma la que avisó al 112, que la trasladó al Hospital General de Ciudad Real, donde fue intervenida quirúrgicamente, pero falleció sobre las 2:00 horas de la madrugada. La víctima era madre de cuatro hijos, dos con su marido y presunto asesino y otros dos fruto de una relación anterior. Tras conocer el caso, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, se limitó a anunciar que se reunirá con todos sus departamentos para analizar la «casuística» de la violencia de género y tomar medidas.