Los agentes sociales incentivarán la colaboración «público-privada»

MURCIA- El Gobierno regional, a través de la Consejería de Economía y Hacienda y la de Educación, Formación y Empleo, se reunirá el próximo viernes con los representantes de las principales organizaciones sindicales de UGT y CCOO, así como con el presidente de la patronal empresarial Croem para establecer las bases que permitan reducir el gasto público, con el fin de compensar la bajada de ingresos, así como cumplir el límite de endeudamiento autonómico fijado en el 1,3 por ciento y, todo ello, sin que sufran una merma los servicios públicos que la Comunidad presta a los ciudadano.

Ante la brevedad del encuentro, el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, consideró ayer factible la inclusión de «cualquier fórmula consorciada entre el capital público y el capital privado» en el fututo Pacto Social, que esperan firmar el próximo viernes, siempre que tengan como objetivo, según apuntó, «impulsar la actividad económica y generar la creación de empleo».

No obstante, el secretario general de UGT matizó que aún no se han abordado medidas concretas, pero resaltó las «ya típicas» posibilidades, como pueden ser los consorcios y la gestión de determinadas actividades como, por ejemplo, las infraestructuras. Asimismo, resaltó la probabilidad de una colaboración entre capital público y privado con estructuras que quedarían definidas como sociedades mixtas.

El texto del pacto, desde el punto de vista de UGT, «refuerza el mantenimiento y calidad de los actuales servicios públicos», si bien considera factible «cualquier fórmula consorciada entre el capital público y el capital privado», siempre y cuando esté «al margen de los servicios públicos esenciales y básicos», explicó Jiménez.

En este sentido, el representante sindical aseguró que el documento que actualmente está sobre la mesa «es bastante genérico y abre la posibilidad de estar ahí, negociando, dialogando y consiguiendo fórmulas para que, finalmente, el empleo se potencie en la Región de Murcia», algo que estimó como «básico y vital y donde debemos estar todos». De esta forma, Jiménez afirmó que espera que el viernes sea suscrito por las organizaciones sociales, sindicales y Gobierno murciano.

Objetivo del acuerdo
El Pacto Social recoge «un principio de acuerdo con carácter general» por parte de Croem, UGT, CCOO y Gobierno regional que pretende establecer objetivos básicos como «reorientar la política socioeconómica y laboral de la Comunidad para los próximos años, teniendo en cuenta la situación persistente de crisis en la Región de Murcia». Por otro lado, Jiménez reconoció que es importante compatibilizar «la eficiencia y eficacia de las administraciones públicas con el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, en un momento en el que está creciendo la falta de protección social por parte de miles de murcianos que lo necesitan». Por todo ello, manifestó que el permanente diálogo social entre agentes sociales y el Ejecutivo regional es «vital» para generar confianza y para que la creación de empleo sea la base «de todas las políticas públicas» que se pongan en marcha en la Comunidad Autónoma.

En referencia a las medidas concretas, el secretario general de UGT hizo hincapié en la necesidad de «reforzar los mecanismos para solventar y neutralizar la tremenda economía irregular y sumergida que existe en la Región». Y es que, según añadió, se deben «dar pasos en este sentido para reforzar los mecanismos de control, vigilancia y dirección de la economía sumergida y para que aflore, si no todo, si una parte importante, ya que se trata de unos 10.000 millones de euros a cabo del año».

Posibilidad de ceder poder adquisitivo
El secretario general de UGT en la Región, Antonio Jiménez, señaló ayer que las organizaciones sindicales en el proceso de negociación de la reforma laboral se muestran favorables a «ceder en parte en relación a los salarios y perder algo de poder adquisitivo, pero no hasta el punto de una congelación salarial e incremento cero, tampoco de los empleados públicos». En este sentido, apuntó que no quieren ceder hasta esa postura, porque según apuntó les parece «algo absolutamente contraproducente para el consumo, para las empresas y, en definitiva, para la economía nacional».