Reforma para la confianza

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó ayer, con la segunda fase de su reforma del sector financiero, la mayor de las asignaturas que dejó pendientes el Ejecutivo socialista. Nuestro sistema bancario deberá hacer un esfuerzo extraordinario para cumplir con las nuevas exigencias impuestas por el Consejo de Ministros, y apresurarse a sacar de sus balances el lastre del «ladrillo» y provisionar sus créditos inmobiliarios y parte de los demás. Todo ello tendrá serias repercusiones en sus cuentas de resultados, pero la decisión del Gobierno parece ser la única vía para recuperar la confianza y credibilidad de los mercados en nuestra economía y asegurar que, ocurra lo que ocurra en el futuro, el sector de la construcción no volverá a paralizar la actividad. Es más, gracias a los «bancos malos» o sociedades de inmobiliarias que deben crearse obligatoriamente, y por supuesto a las más que considerables ayudas fiscales anunciadas ayer, se espera que el mercado vuelva a funcionar con la venta a «precios razonables» del stock de viviendas que hoy permanece prácticamente inmovilizado. La reforma llega en un momento en el que los ojos de los mercados vigilan a España con extraordinario interés y hasta la UE pone en duda la capacidad del país para cumplir con sus nuevos objetivos de déficit y pide más reformas todavía. Pero, como recordó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, Bruselas no ha podido tener en cuenta el esfuerzo fiscal que deben realizar las autonomías y ratificó que España cumplirá con sus objetivos de déficit público para este año y el siguiente. La reforma decretada por el Gobierno, sobre todo porque se produce a 72 horas de anunciarse la nacionalización de Bankia, podría interpretarse como un exceso intervencionista, cuando en realidad se trata de una medida imprescindible que debió adoptarse al comienzo de la crisis. Mientras en el resto del mundo occidental los gobiernos tapaban las brechas financieras con ayudas públicas o directamente nacionalizaban las entidades con mayores problemas, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, permitía que el sector funcionase a base de parches sin atacar el corazón del problema. La política miope de un Gobierno socialista que, amparado en un obsequioso regulador, negaba la crisis y se permitía el lujo de presumir ante el resto de un mundo que se afanaba en hacer los deberes, ha tenido las consecuencias desastrosas que hoy todos padecemos. La recuperación de la economía pasa necesariamente por recuperar la confianza en nuestro sector financiero, y para ello se necesita que los bancos puedan volver a prestar su función como generadores del crédito y salir a los mercados en busca de los recursos necesarios sin que nadie pueda siquiera sospechar de la existencia de deudas ocultas en los armarios.