Rivas y Mellet pidieron la comisión a los empresarios «de común acuerdo»

SEVILLA- La Fiscalía considera probado que el exdelegado de Empleo Antonio Rivas y el ex director gerente de Mercasevilla Fernando Mellet exigieron a los empresarios de La Raza una comisión de 300.000 euros –«de común acuerdo, con el fin de obtener un lucro ilícito»– a cambio de que la Junta de Andalucía les concediera una subvención. Así lo refleja en su escrito definitivo de acusación, al que ha tenido acceso LA RAZÓN de Sevilla, en el que solicita para ambos una multa de 900.000 euros y una pena de suspensión de empleo o cargo público durante 21 meses.
Esta solicitud de condena es extensible al ex director adjunto Daniel Ponce y la entonces coordinadora de proyectos de la Fundación Mercasevilla María Regla Pereira, por considerar que éstos «aceptaron colaborar con los otros acusados». El fiscal entiende que los hechos denunciados constituyen «un delito de cohecho del artículo 425.1 del Código Penal vigente al tiempo de cometerse el hecho por ser más favorable para los acusados que la redacción vigente en la actualidad».
La Fiscalía, en su relato de los hechos, señala que Mellet y los empresarios de La Raza, Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, mantuvieron varias reuniones desde 2007, «en varias de las cuales intervino el también acusado Antonio Rivas en su calidad de delegado provincial de Empleo en Sevilla». Posteriormente, el ex director gerente de Mercasevilla solicitó una subvención al Servicio Andaluz de Empleo el 1 de agosto de 2008, tramitada por el procedimiento de subvención excepcional, y concedida por el importe de 900.000 euros.
Según el fiscal, «tras conocer Antonio Rivas la concesión de la subvención se puso en contacto con Fernando Mellet, y de común acuerdo, con el fin de obtener un lucro ilícito, decidieron exigir a los responsables del grupo Alazar una comisión o dádiva de al menos 300.000 euros» a cambio de concederles la gestión y explotación de la escuela de hostelería. Tras tener conocimiento de ello, Ponce y Pereira aceptaron colaborar con Mellet y Rivas. En una primera cita de Ponce con Sánchez Cuerda le exigió 300.000 euros con la excusa de que era «una colaboración voluntaria con la Junta de Andalucía», además de reclamarle que pagara los gastos de la instalación eléctrica de la parcela que acogería el centro, que ascendían a 150.000 euros. En esa conversación estuvo presente Pereira, quien «asintió ante lo manifestado por Daniel Ponce sobre la entrega del dinero, reforzando la petición».
Más tarde, Sánchez Cuerda solicitó mantener otra reunión, a la que también acudieron Mellet y De Rojas, y que fue grabada sin conocimiento de los acusados. En ella, volvieron a reclamar la comisión asegurando que no era para ellos sino para «colaboración con la Junta» y que a cambio recibirían nuevas subvenciones o la concesión de todos los catering.