La justicia deportiva no es comercial

No es ningún secreto que los juzgados españoles tienen sucursales en los pasillos, donde se amontonan los expedientes. Ni que se aproveche la presencia de un magistrado determinado en el juzgado de guardia para montar un operativo o posponerlo sine die. Tampoco lo es que muchos procesos son eternos. Ha ocurrido que algún culpable de algún pecado de juventud ha tenido que pedir firmas para no ingresar en prisión bastantes años después de cometer la fechoría y cuando, reinsertado él solo, vecinos, compañeros y familiares le consideraban el marido, el padre y el trabajador ejemplar. En el deporte, a menudo enredado en procesos imposibles, la sentencia tendría que ser inmediata a los hechos. ¿Culpable o inocente? ¿Se dopó o no se dopó? Y todos los organismos competentes con el criterio unificado. Ni se es un poco culpable o algo inocente. En cuestiones trascendentales como el dopaje no hay matices. Convendría por ello atender a la sugerencia de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, partidario de crear un organismo independiente integrado por especialistas en la materia, médicos y juristas, para sancionar con la diligencia debida casos como el de Alberto Contador, complicado por la falta de luces de la UCI, o tan enrevesados como el de Marta Domínguez, alguna de cuyas acusaciones ruboriza. Des-cubrimientos como las operaciones «Puerto» o «Galgo» no interesan en los juzgados. Cuestan un riñón. Requieren meses de investigación, gastos, miles de euros, para que el eco mediático deje a investigadores o investigados, abogados, jueces o fiscales, según el veredicto, a la altura del betún cuando ni siquiera es posible que el más golfo de los imputados cumpla dos años en prisión, la pena máxima.