Caso Malaya
Luna se enfrenta a dos años y nueve meses de inhabilitación para
A 10:30, en la pequeña Sala de lo Civil y lo Penal, atestada de diputados y periodistas, comenzó ayer el juicio contra Ángel Luna, acusado de encubrimiento por no revelar quién le dio el informe policial, sometido a secreto de sumario, que exhibió en Las Cortes Valencianas.
VALENCIA- El acusado, para quien la acusación particular del PP pide dos años y nueve meses de inhabilitación más una multa que superaría los 25.000 euros, y la defensa y Fiscalía la libre absolución, declaró ayer que el informe de marras «aún puede estar» en el grupo socialista de Les Corts, y lo ubicó, caso de que esté, en su propio despacho o en una sala común donde los diputados del grupo guardan los documentos de trabajo. «Parece mentira, pero yo no tengo secretaria y prefiero guardar la documentación en formato electrónico. Cuando se nos dio la clave de acceso a internet para entrar en el sumario del proceso judicial que se sigue en Madrid, donde está este documento, me desentendí totalmente del informe en papel».
La defensa, desarrollada por el letrado Virgilio Latorre, argumentó el «chilling effect» (el efecto de desaliento) de la tradición judicial anglosajona para reiterar que Luna es inviolable como parlamentario y dijo que el Supremo y el Constitucional consideran que la inviolabilidad de los parlamentarios «no es un privilegio sino que lo consideran objetivo y necesario para el ejercicio parlamentario».
Luna, en el interrogatorio, explicó que recibió el informe en un sobre anónimo y cerrado y que recibe muchos envíos similares.
Él conocía el contenido del informe, porque ya había sido publicado en algunos medios de comunicación en octubre de 2009 y argumentó que no sabía que estaba bajo secreto de sumario y que incluso llegó a pedir a la Sala del TSJ que se lo pidiera a la unidad policial que lo redactó.
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