Aguirre la invitada sorpresa de José Blanco

Hace apenas tres semanas, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presentó en la Cámara Baja el Balance de la Evolución de la Criminalidad relativo a 2008. Según este informe, durante el pasado año la tasa de criminalidad aumentó en nuestro país 0,1 puntos respecto a 2007, hasta alcanzar los 47,6 delitos por cada mil habitantes. Lo más preocupante de lo anunciado en ese momento por Rubalcaba fue el incremento registrado en los casos de violencia doméstica, en los robos con violencia y de viviendas así como en las detenciones por el consumo y distribución de pornografía infantil y por corrupción de menores. El ministro eludió entonces facilitar los datos desglosados por comunidades autónomas y por cuerpos de seguridad. Resultaron inútiles las peticiones del Partido Popular para que el Gobierno hiciera públicas unas cifras que continúan sin conocerse de forma oficial, a pesar de la existencia de una proposición no de ley aprobada por el Congreso de forma unánime ,que obliga al titular de Interior a comparecer en el primer trimestre del año para realizar un balance de la evolución de la seguridad ciudadana a lo largo del curso anterior aportando, para ello, datos de cada una de las autonomías.Para poder conocer esta realidad más de cerca, el Grupo Popular ha solicitado la comparecencia en el Congreso de los delegados del Gobierno en las 17 comunidades, así como los de Ceuta y Melilla. Y es que los datos relativos a la criminalidad por regiones, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, ponen de manifiesto un ascenso en el número de delitos cercano al 8,73%, a partir de los datos contabilizados entre los meses de enero y noviembre de 2008. Los tipos delictivos que atentan contra la libertad sexual, los tirones, los hurtos así como los homicidios y asesinatos habrían experimentado, según estos datos, un repunte especialmente significativo. El nuevo escenario que dibujan estas circunstancias debe ser afrontado por el Gobierno con transparencia y decisión, pues sólo así se encontrará en disposición de reducir las estadísticas. Por el contrario, ocultar los niveles reales de criminalidad al resto de fuerzas políticas y al conjunto de la sociedad española sólo servirá para agravar esta situación. Del mismo modo, el Ejecutivo socialista ha de ser consciente de la necesidad de aplicar medidas específicas en cada región ya que el aumento en el número de delitos, a pesar de ser generalizado, no es homogéneo en todo el territorio nacional. Por comunidades, Melilla, las dos Castillas, Aragón y Extremadura registran los mayores incrementos de criminalidad. Sin embargo hay que tener en cuenta el ejemplo de lo ocurrido en Madrid. Una comunidad, que tradicionalmente se ha vinculado con altisimos niveles de delincuencia, ha experimentado este año un aumento inferior al de la media nacional. Ése debería ser el común denominador para el resto de España puesto que todo indica que es la dirección correcta a seguir.Lo que no admite dudas es que un incremento cercano al 9% en los niveles delictivos de un país no puede ser contemplado como una anécdota o un hecho circunstancial. Especialmente si éste coincide con un momento de crisis económica como el actual, en el que la reactivación de cierto tipo de delitos y los problemas derivados de una mayor conflictividad social constituyen amenazas que no han de ser despreciadas desde los poderes públicos. El Gobierno debe asumir su responsabilidad ante una sociedad que demanda una respuesta clara para poner coto a la violencia y a la inseguridad a través de una mayor presencia de la Policía y de la Guardia Civil que reduzca la sensación ciudadana de desprotección.