Alianza para limitar los lobbies

Si hubiera que decir cuáles son las tres palabras que más se repiten en Bruselas, se podría encontrar bastante consenso: cerveza, mejillones y…lobbies. El lobby, o grupo de presión, se ha convertido en parte del código genético de la UE. Más de 15.000 profesionales, empleados por unas 5.000 organizaciones, se dedican a influir en las tareas legislativas en la capital europea, tan sólo superada por Washington. Si en EEUU su actividad se considera normal, en las instituciones comunitarias son pocos también los que no reconocen la necesidad de estos expertos, que aportan información sobre temas en los que a menudo hay que trabajar contra reloj y con la realidad de 27 países diferentes.

«Los lobbies tienen que existir», defiende el portavoz de la Eurocámara Jaume Duch, pero también «es necesaria más transparencia», añade. El representante recuerda que «todos son grupos de presión», desde las oficinas que defienden los intereses de la industria química o del motor, hasta Greenpeace, las organizaciones de consumidores o las propias representaciones de las regiones.

La Comisión Europea, preocupada por el poder de influencia que tienen, ha puesto en marcha un registro de estos grupos para llevar a la luz lo que se ve como una oscura actividad de pasillos. El registro es voluntario y, según la organización Alter EU, hasta ahora sólo se han inscrito un 20% de los lobbistas, unos 1.500.

No son pocos los que han criticado la iniciativa de la comisión, a la que consideran «vaga». Entre ellos Daniel Gueguen, un gurú en este campo y autor de «European Lobbying-The first Practical Book on European Lobbying», quien admite que «la comisión necesita de un grupo de expertos en las primeras fases legislativas, pero no sabemos cómo se forman estos grupos o quién les influye». Los más críticos estiman que, entonces, más de la mitad de las voces que se escuchan en una mesa de discusión del Ejecutivo europeo tienen intereses comerciales.

El peso de los grupos de presión en la Eurocámara es similar, donde su trabajo se intensifica con los enormes paquetes legislativos que regulan sectores clave como la energía o las telecomunicaciones. Una funcionaria de la Cámara que siguió la elaboración del dossier de las «telecos» indica, no con poca sorpresa, cómo algunos eurodiputados españoles propusieron enmiendas repetidas, al haber llegado sin ser modificadas directamente desde compañías de móviles nacionales.

La institución, que cuenta con su propio registro desde 1996 con más de 5.000 nombres, quiere mayor claridad y dureza. Por ello, en mayo de 2008 propuso un «registro común obligatorio» para el Consejo (que agrupa a los Estados miembros), la Comisión y la cámara, en el que se exista una transparencia financiera total, el nombre de los clientes y un código de comportamiento ético. Los diputados también defendieron castigar con sanciones a los grupos que violaran este código.

La Comisión y el Parlamento se han reunido en los últimos meses con el fin de unir sus bases en un registro común, de momento voluntario, que incluya sanciones. Este mismo mes podrían empezar los trabajos. Igualmente, ambos organismos han criticado al Consejo, el músculo legislativo más importante de la Unión y cuyas decisiones se toman sin cámaras delante, por no haberse interesado por la iniciativa, dando alas al oscuro mito del lobbista.