Baltasar Garzón de la tozuda soberbia a la presunta prevaricación

La admisión a trámite por el Tribunal Supremo de una querella contra Garzón por prevaricación es, además de un varapalo al prestigio profesional del polémico juez, una noticia desalentadora para quienes utilizan la memoria histórica como coartada política y con afán revanchista. Como ya se afirmó en esta misma página el 17 de octubre pasado, al día siguiente de que ordenara la apertura de 19 fosas de la Guerra Civil, entre ellas la de Lorca, Garzón se obstinó en unos vericuetos jurídicos para, sin base legal alguna, impulsar una suerte de causa general contra el franquismo. Sólo la decidida oposición de la Fiscalía, que llegó a elevar el caso a la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional, impidió que el dislate jurídico siguiera adelante. Pero además de ofuscarse, Garzón también podría haber incurrido en prevaricación. Como cualquier otra persona, el juez debe gozar de la presunción de inocencia. Sin embargo, si el Tribunal Supremo llegara a hacer firme el auto que le imputa, al magistrado no le quedaría otra alternativa que dejar su puesto en la Audiencia. Así lo sugirió ayer el Consejo General del Poder Judicial. Por lo mismo, los asuntos que actualmente instruye, entre ellos varios de presunta corrupción, pasarían a manos de otro magistrado. Conviene, no obstante, no prejuzgar ni adelantar acontecimientos.