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El presidente de la Generalitat asegura que, si continúa el procedimiento, pedirá que comparezcan todos los funcionarios y empresarios con los que que ha trabajado. Sólo se siente «culpable» de ganar al PSOE

Camps acusa a Garzón y a la Fiscalía «de abrir» un proceso contra el PP

El presidente Camps mostró su indignación porque es «un extraño proceso en un régimen democrático».

  • Camps acusa a Garzón y a la Fiscalía «de abrir» un proceso contra el PP
    Camps acusa a Garzón y a la Fiscalía «de abrir» un proceso contra el PP
  • Camps acusa a Garzón y a la Fiscalía «de abrir» un proceso contra el PP

Tiempo de lectura 4 min.

20 de febrero de 2009. 00:43h

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20/2/2009

VALENCIA- El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, dice sentirse una víctima más del proceso político que se ha abierto contra el Partido Popular. A primera hora de la mañana, y respaldado por todo su equipo de Gobierno –únicamente faltaba un consejero– y por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, salía a desmentir las informaciones que le identifican como el alto cargo de la Comunidad  Valenciana que, como aforado, obliga al juez Baltasar Garzón a inhibirse en la investigación del «caso Gürtel» y remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la supuesta trama de corrupción que afecta a los populares, una imputada, gerente de una de las empresas implicadas, alude al pago de 30.000 euros en trajes para Camps cuyas facturas está investigando Garzón. Esta imputada negó dicha afirmación al día siguiente.
Para defender su inocencia, el presidente valenciano no sólo iniciará todas las acciones legales en defensa de su honor, sino que también anunció que, de seguir abierto el procedimiento, pedirá la comparecencia de todos y cada uno de los funcionarios que han trabajado junto a él en sus veinte años de carrera política, a los presidentes de todas las empresas españolas o valencianas que hayan tenido cualquier relación con las áreas en las que ha estado trabajando y todos los alcaldes valencianos «para que digan si alguna vez les indiqué alguna decisión».
El máximo responsable de la Generalitat criticó duramente el «extraño proceso de secreto de sumario» que tiene como objeto «dividir» al PP –acusando así de forma no explícita al fiscal y a Garzón– y calificó los métodos utilizados hasta el momento nada apropiados para un régimen democrático. «La noticia me ha llegado a las seis de la mañana. Recuerdo cuando al principio de la democracia se me dijo que, a diferencia de la dictadura, al albor de la mañana quien llamaba era el lechero y no una falsa imputación», lamentó.
El presidente valenciano también arremetió contra las «filtraciones interesadas» que no se han sostenido más de 24 horas y que han configurado un proceso «mediático, paralelo, sin garantías procesales».
En este sentido, recordó que de estas filtraciones se desprende una hipotética investigación a una persona aforada que podría anular todo el procedimiento y «cuando lo que se busca es la persecución del delito, un error de estas características tendría nefastas consecuencias judiciales».
Con todo, Camps se declaró «culpable» de seguir aumentando la ventaja del PPCV frente al PSPV, tal y como confirma una encuesta que tiene en su poder, pero aseguró que lo único que conseguirán es que los populares valencianos «salgan de nuevo reforzados».
Unos minutos más tarde, el presidente Camps se enfrentaba a la sesión de control parlamentario que él mismo impulsó, y que en esta legislatura amplió con la «question time» o interpelaciones directas de los diputados. En el hemiciclo, al que entró entre aplausos entregados de sus diputados en pie, Camps anunció que todos los consejeros de su Gobierno habían pedido la comparecencia urgente en las comisiones parlamentarias para aclarar, uno a uno, todos los contratos sobre los que la oposición tenga curiosidad o sombra de duda.
Camps dijo que «durante veinte años no he hecho otra cosa que dar explicaciones a los ciudadanos, porque ellos valoran lo que hacemos como lo constatan las mayorías absolutas del PP».
El síndico socialista, Ángel Luna, centró sus acusaciones esta vez en uno de los consejeros de Camps, el de Gobernación, Serafín Castellano, quien habría adjudicado un 0,2 por ciento de las obras de su departamento a un amigo».
En la «question time», el diputado Joaquim Puig preguntó a Camps si asumiría «sus responsabilidades» si es imputado y Camps, mirándole a los ojos, le espetó: «Usted que me conoce personalmente, ¿cree de verdad que voy a ser imputado?».

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