Cuestión de justicia

Hace unos días hemos asistido a lo que en mi modesta opinión se erige como una autentica lección de responsabilidad, que no debería ser desaprovechada por el Gobierno de la Nación. Las cuatro asociaciones judiciales –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente– se han unido para plantear a los más de 4.000 jueces y magistrados que hay en España una tabla reivindicativa con la que pretenden «dignificar la función judicial y prestar un mejor servicio a los ciudadanos». La primera medida que reclaman consiste en la instauración de la nueva oficina judicial, un proyecto paralizado desde el año 2004, y con el que se pretendía en el momento de su aprobación por el último Gobierno del PP, con el pleno consenso de la oposición, modernizar nuestra Justicia e introducirla en los modelos de gestión del siglo XXI, rescatándola del siglo XIX. Un lugar destacado de las reivindicaciones lo ocupa la incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías, que podrían haber evitado errores como el que se produjo en el caso Mari Luz. La propuesta de la judicatura incorpora la intercomunicación de las bases de datos judiciales, la interconexión informática entre los juzgados de distintas comunidades –actualmente incompatibles– y el establecimiento de un sistema de alerta en materias especialmente sensibles.También la digitalización de documentos, la firma electrónica y la transmisión telemática de procedimientos, notificaciones o peticiones de auxilio judicial. Las asociaciones también quieren que se ofrezca una formación adecuada para el personal al servicio de la Administración de Justicia y que las vacantes sean cubiertas de manera inmediata.
También deben añadirse otras reivindicaciones, como revisar en profundidad la actual planta judicial, creando o suprimiendo cuantos órganos sean precisos para realizar una distribución equitativa del trabajo, y establecer la carga máxima de asuntos que de forma razonable puede asumir cada órgano judicial.
También se reclama algo que a nadie debería extrañar: la adopción de medidas para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar de los jueces, puesto que a pesar de lo que piensan algunos que no viene al caso citar, la carrera judicial está conformada por un amplio espectro de la sociedad española, sin distinción y sin discriminación. Por último, las asociaciones han solicitado la actualización de la ley de retribuciones, en especial los servicios de guardia, algo que ha sido utilizado con una pobre demagogia para intentar que el grueso de reivindicaciones, no sean advertidas, puesto que el mero hecho de ser expuestas en público y el hecho de la necesidad de ser expuestas deberían sonrojar a alguien.
Esta última reivindicación ha sido presentada en público por alguna parte interesada, como la única expuesta, e incluso se ha pretendido deslegitimar, contraponiéndola con el actual marco de la crisis económica, por los mismos que la negaban hasta hace poco tiempo. Los jueces no estamos planteando esta plataforma reivivindicativa con el fin único de ver cumplidas las justas aspiraciones retributivas. El principal fin de las reivindicaciones están dirigidas a dignificar la función judicial, y sobre todo exigir la mejora del servicio público de la Justicia, algo que si se cumpliera, a quien realmente beneficiaria sería a los ciudadanos. Nadie debe avergonzarse de reclamar mejores condiciones laborales, puesto que los jueces además de ser titulares de un Poder del Estado, tenemos un relación con la función pública. Esto es, trabajamos todo los días, con unas condiciones laborales, con una jornada, con unos objetivos, etc. Pero el fin principal de la reivindicación no es que se cumpla lo previsto en un Ley, como es la de retribuciones, que prevé su revisión cada cinco años, no, no es eso, aunque sólo eso legitimaria una reivindicación. No nos engañemos, no se pretenda engañar a la sociedad, lo que reclaman las asociaciones judiciales, henchidas de una sobresaliente responsabilidad, es que se comience a sacar a nuestro sistema de Justicia de su estado lamentable, exigen un plan de modernización, exigen una voluntad decidida para llevarla a cabo y no más de lo mismo. Este reto cita a alguien a que asuma su responsabilidad, a que sea capaz de liderar el gran proceso de modernización que ya describió y prescribió el malogrado Pacto para la reforma de la Justica. Un pacto que además de buscar un lógico consenso, criticado por los que ignoran, desarrolló punto por punto, todo lo que se debía llevar a cabo. Ya está diagnosticado el problema, ya está determinada la solución, sólo basta ponerse manos a la obra. Eso es lo que reclaman las asociaciones judiciales. Es imposible mayor responsabilidad. Han encauzado el lógico movimiento crítico existente en el seno de la carrera judicial, han solicitado diálogo. Sólo falta que el llamado a ello se ponga a trabajar de verdad. Para ello es importante que se cese en una grosera campaña de deslegitimación de los jueces, intentando que aparezcamos ante la sociedad como miembros de aristocráticas familias a los que nos toco ejercer este trabajo. Somos una gran mayoría los integrantes de la carrera judicial, los que no procedemos de estratos sociales acomodados, y lo que provienen de estos, no tiene que pedir perdón por ello. Somos fiel exponente de una sociedad que lo único que reclama es una mejor Justicia, una Justicia moderna.

*Enrique López es magistrado