Debe cambiarse la política para frenar la violencia de género

Los datos que presentó ayer el Gobierno sobre la violencia de género en 2008 no son positivas. Setenta mujeres fallecieron a manos de sus parejas, una menos que en 2007. Pero quizá el dato más llamativo es que el 30% de los homicidas tenía antecedentes por violencia de género. Este porcentaje sugiere dos lecturas: la primera, que pese a la existencia de antecedentes claros, no se pusieron los medios preventivos necesarios para evitar que el agresor culminara sus maltratos con la muerte de la víctima. Y segunda, que los otros dos tercios de los asesinos nunca fueron denunciados pese a que no se trataba de la primera agresión. En el lado positivo, se comprueba que cada vez son más las maltratadas que deciden romper su silencio y acudir a la Justicia. En los nueve primeros meses se produjeron 108.261 denuncias, un 15,9% más que el año anterior. Con estas cifras sobre la mesa, la conclusión no es muy alentadora: tras cuatro años de Ley Integral contra la Violencia de Género, los avances son inexistentes. No cabía esperar una reducción drástica, pero sí significativa. Y si la ley no es eficaz, lo sensato es reformarla. Cambiar conductas que se enraízan en un complejo sustrato cultural y social no es sencillo, pero sin destinar más medios humanos y materiales será difícil frenar una lacra que exige menos retórica ideológica y más determinación.