Desalojo pacífico de la Fábrica de Sombreros

El desalojo ayer de la Fábrica de Sombreros, edificio histórico industrial que había pasado a convertirse hace aproximadamente un año en Centro Social Ocupado y Autogestionado (CSOA) –en el que desarrollaban actividades de varios colectivos antisistema–, no ha tenido nada que ver con el tenso y polémico fin de Casas Viejas, en noviembre de 2007. Ni encadenamientos ni luchas callejeras ni oposición masiva de simpatizantes. La rápida actuación policial y el silencio en torno al desalojo dictado por el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ha evitado males mayores para la vuelta del edificio a su propietario, el grupo inmobiliario Tempa.
A las 7:45 de la mañana, la Policía irrumpía en el edificio, en el que, según los colectivos artesanos integrantes del CSOA Fábrica de Sombreros –en la calle Castellar del barrio de San Luis– «no duerme nadie». Los agentes sólo tuvieron que desalojar a cinco jóvenes. Los artesanos critican que no tenían información previa del desalojo y que no se les permitió recuperar sus materiales de trabajo y sus pertenencias. La operación policial se saldó sin detenidos y, pese a que, con posterioridad, fueron confluyendo a la plaza de San Marcos numerosos simpatizantes del CSOA, no se registraron altercados.
Los artesanos, que habían ocupado la propiedad en protesta por la «desidia» del Ayuntamiento y la Junta en acometer un centro cultural, intuían el cercano final del centro social. Por ello, habían enviado recientemente una memoria de sus actividades y un manifiesto conjunto al Juzgado –firmado por 70 colectivos y 1.240 rúbricas– para «autoinculparse» todos juntos de los posibles cargos futuros de ocupación. Entre las firmas de apoyo figuraba la de José Manuel Sánchez Gordillo, diputado autonómico de IU y alcalde de Marinaleda.
Sin embargo, como ya sucediera en el desalojo de Casas Viejas, los representantes de IU en el Ayuntamiento volvieron a ser repelidos por los ocupantes de la Fábrica de Sombreros. Luciniano Rodríguez, director del Distrito Casco Antiguo, fue recibido con un «tartazo» y críticas a su «oportunismo» al aparecer cuando el edificio estaba desalojado. Ya por la tarde, cerca de un centenar de personas se manifestaron en la Plaza Nueva contra el desalojo.
La inmobiliaria Tempa alegó en los Tribunales su derecho a recuperar el edificio, negando las acusaciones de los ocupantes de que había descuidado el deber de conservación de este inmueble regionalista del arquitecto José Espiau Muñoz. El fin de Casas Viejas había potenciado el uso de la Fábrica de Sombreros. Los ocupantes reivindicaban su labor artesanal en el edificio frente al «interés privado y especulador».