Dívar: «España no puede ser el gendarme judicial del mundo»

Es necesario poner límites a la competencia de los tribunales españoles a la hora de conocer e investigar delitos cometidos más allá de nuestras fronteras. Así, al menos, lo sostiene el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, quien, por ese motivo, aboga por modificar, al menos de forma parcial, las competencias que en materia de jurisdicción penal otorga la vigente Ley a la Audiencia Nacional. La causa de esa propuesta es que, en su opinión, España no puede convertirse «en los gendarmes judiciales del mundo».

Para Carlos Dívar, informa Efe, la ley tendría que referirse a aspectos más concretos en los que se trate de intereses españoles en el extranjero que no hayan sido suficientemente protegidos o de determinados crímenes que no hayan sido objeto de ninguna intervención en esos países.

Pero si esos Estados tienen sus propios procedimientos «¿quiénes somos nosotros para arreglar la casa ajena cuando tenemos que arreglar tanto en casa propia?», se preguntó Dívar al respecto.

Estas declaraciones las realizó Carlos Dívar durante el I Encuentro de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos-El Derecho Editores, pocas horas después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu hubiese decidido continuar la investigación, en contra del criterio de la Fiscalía, por los ataques de Israel contra Gaza en 2002, en los que fallecieron 14 civiles. La investigación se centra en siete responsables militares de Israel, entre ellos el ex ministro de Defensa Benjamin Ben Eliezer.

Argumentos

El juez esgrime que la Justicia de Israel no tiene abierta ninguna «investigación criminal» sobre esos hechos, que pudiera llevar a la «posibilidad de un conflicto de jurisdicciones». Tampoco admite los resultados a los que llegó la Comisión de Investigación que se abrió al respecto en Israel, ya que sus integrantes fueron nombrados por el primer ministro, por lo que su composición y «modus operandi» están sujetos «a la discreción del poder Ejecutivo».

Esta resolución la ha adoptado en contra del criterio del fiscal, para quien la Audiencia no es competente para investigar los hechos denunciados en la querella del Centro Palestino para los Derechos Humanos, toda vez que las autoridades judiciales israelitas, «en sus diferentes niveles», ya se pronunciaron.