Educación recurre la Ciudadanía «adaptada» que imparte Madrid

madrid- El Ministerio de Educación ha apurado los plazos hasta el límite, pero también ha recurrido la orden de la Comunidad de Madrid que permite aprobar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y Educación Ético-Cívica con trabajos y un voluntariado. A esta opción podían acogerse los alumnos madrileños objetores de 2º y 4º de la ESO «en tanto el Tribunal Supremo no dicte sentencia». El pasado viernes se dio traslado a la Consejería de Educación madrileña de la formalización del recurso por parte de la Abogacía del Estado contra la opción implantada en Madrid en septiembre pasado, coincidiendo con el comienzo del curso académico. Un mes después de que la consejería madrileña remitiera la instrucción a los centros con las opciones previstas para los objetores, la secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, enviaba un requerimiento a la consejería que dirige Lucía Figar instándola a anular las disposiciones enviadas a los centros. La consejería madrileña está satisfecha, no obstante, con que la asignatura de Educación para la Ciudadanía no se haya judicializado en Madrid, donde ha habido sólo dos recursos respecto a las órdenes de contenido de Primaria y Secundaria y el TSJ de Madrid ya ha avalado los contenidos de Primaria aprobados por el Gobierno regional. No obstante, es la autonomía que registra más objeciones de toda España: 14.865, según los datos de los objetores. En cualquier caso, la última palabra sobre la polémica asignatura la tiene hoy el Tribunal Supremo. El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS se pronunciará sobre si es posible apelar a la objeción de conciencia para negarse a cursar la materia obligatoria Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. El Supremo fallará sobre los recursos de casación presentados por varios padres contra tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que rechazan tal posibilidad. Además, decidirá sobre los recursos de la Fiscalía, el Gobierno andaluz y la Abogacía del Estado contra una sentencia del TSJ de Andalucía que reconoce la objeción a una familia onubense. El pronunciamiento servirá para unificar jurisprudencia sobre la polémica asignatura, que ha generado centenares de causas judiciales y sentencias dispares en toda España.