El crédito debe llegar a las familias

Ni las familias ni las pymes ni los trabajadores autónomos están satisfechos de los resultados de los planes del Gobierno para que la banca abra el grifo del crédito. Tampoco parece satisfecho el propio Gobierno, a juzgar por las severas palabras de Solbes dirigidas el pasado viernes a las entidades financieras. El mismo día en que presentó el sombrío cuadro macroeconómico para 2009, el cuestionado Solbes fue inusualmente duro y directo: «No estoy satisfecho. La banca tiene que arrimar el hombro», dijo. Tal vez no le falte razón al vicepresidente, pero antes debería examinar por qué sus planes no están funcionando a plena satisfacción y por qué los miles de millones de euros de los contribuyentes a los que ha recurrido no repercuten en las familias y en la pequeña empresa.
En los próximos meses, cientos de miles de ciudadanos se quedarán al descubierto y decenas de miles de autónomos y pymes se verán abocados al cierre ante la falta de dinero circulante. Es verdad que el Gobierno ha puesto sobre la mesa recursos financieros adicionales para que las entidades se decidan a dar créditos. Pero la realidad es que el dinero no llega a los que más lo necesitan. No ha surtido efecto la adjudicación de 2.115 millones de euros, de los 5.000 previstos, en la primera subasta de compra de activos celebrada en noviembre. Un mes más tarde se firmó un acuerdo para incrementar en 2009 las cuatro líneas ordinarias de crédito del ICO hasta los 10.900 millones de euros, un 50 por ciento más que en 2008. El ICO aportará la mitad de los fondos de esta línea y las entidades, el otro 50%. La pequeña y mediana empresa podía recurrir a este fondo a partir del 23 de diciembre. De poco ha servido. Las pymes, que son las principales creadoras de empleo en nuestro país, continúan su lento declive ante la imposibilidad de acceder a esos créditos, por más que tengan la garantía del Estado. Es una situación similar a la que padecen las familias con hipotecas y dificultades para pagarlas. A mediados de este mes, sólo se habían apuntado a la iniciativa del ICO en favor de las familias con dificultades para hacer frente a su hipoteca 35 entidades, de las que trece son cajas rurales. La razón de tan escaso éxito es, principalmente, que la banca se siente defraudada por la postura del Gobierno, que se niega a compartir el riesgo del crédito sobre el que se aplica la moratoria. Después de meses de haber anunciado esta medida en favor de las familias, los bancos no tienen claro aún cómo se computará el préstamo en términos de morosidad durante los dos años de la moratoria. Tampoco está del todo claro si el Banco de España obligará a hacer algún tipo de provisión añadida. El tiempo pasa y, mientras tanto, se destruye tejido industrial y social, y el desempleo se encamina hacia los cuatro millones de parados.
El Gobierno debe perfilar mejor su plan de rescate de nuestra economía, pues no es admisible que medidas que todos creían en marcha estén aún encalladas; y la banca española, que goza de una merecida consideración internacional, debe hacer un mayor esfuerzo para asumir el protagonismo que la coyuntura ha depositado en su manos; del mismo modo que la crisis financiera está en el origen de la recesión económica general, les corresponde a las entidades financieras encabezar la marcha para superarla. El presidente del Gobierno podría convocar una nueva reunión, a finales de este mes, con los principales banqueros, según informaciones oficiosas. Sería una buena oportunidad para impulsar unos planes que se anunciaron con mucho ruido, pero con pocas nueces.