El «dedo acusador» sobre el juez Tirado

La defensa de Juana Gálvez, la secretaria judicial del «caso Mari Luz» sancionada con dos años de suspensión, aseguró ayer que el control de las actuaciones del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla era del juez, mientras que el abogado del Estado insistió en que ésta cometió negligencias con graves consecuencias.

El Juzgado Central de lo Contencioso número 3 de la Audiencia Nacional vio ayer el recurso presentado por la secretaria judicial contra la sanción que le impuso el Ministerio de Justicia por su actuación al no encarcelar a Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, para cumplir una condena de 21 meses de cárcel por abusar sexualmente de su propia hija.

El abogado de la secretaria judicial aseguró que el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla seguía el «modus operandi» de su titular, Rafael Tirado, que era quien llevaba el control de las ejecutorias por lo que no se le puede exigir a la secretaria judicial un comportamiento diferente del que mantuvo, ya que, en caso contrario, habría incurrido en una falta grave de desobediencia expresa de un superior.

Tirado fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial con una multa de 1.500 euros por los retrasos en ordenar la ejecución de dicha sentencia. Además, la defensa de Gálvez solicitó a la Audiencia Nacional que declare la nulidad de la sanción al considerar que no se ha justificado por qué se le impuso una sanción por una falta grave de negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, lo que consideró imprescindible.

El letrado recordó que la instructora del expediente a Gálvez había propuesto una suspensión de 6 meses pero, el mismo día que se conoció la sanción al juez Tirado, el Ministerio de Justicia anunció que se había elevado a 2 años, sin que se motivara ni se le diera traslado para que alegara. También consideró que la sanción no debería haber sido dictada por el secretario de Estado de Justicia, sino por el ministro de Justicia.

En el recurso que vio ayer el tribunal, Gálvez alegó las «calamitosas» condiciones de trabajo y el «caos» que había en el Juzgado, además de la carga «insostenible» de asuntos y el «disparate legal» de que su sanción fuera superior a la impuesta al juez Tirado.

Según el abogado del Estado, aún admitiendo la falta de personal en el Juzgado no se justifica que el expediente de Santiago del Valle estuviera 23 meses paralizado. «Muchos de los errores observados en el procedimiento no son por falta de personal sino por una ausencia de supervisión por parte de la secretaria judicial», recalcó el abogado del Estado.