El «gendarme universal» se queda sin placa

Las pintorescas escenas de alborozo de desamparados representantes de pueblos foráneos celebrando, a las puertas de la Audiencia Nacional, que sus denuncias de crímenes contra la Humanidad han llegado a buen puerto pueden pasar a la historia. España, alertó el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, llevaba camino de convertirse en el «gendarme judicial del mundo», con los jueces de la Audiencia Nacional investigando denuncias de genocidio en lugares tan dispares como el Tíbet, Israel, el Sahara, Ruanda o Guatemala.

Pero desde el pasado jueves, ese «gendarme universal» está sensiblemente maniatado. Ese día, el Congreso aprobó una reforma legal que, a partir de ahora, limitará las aventuras judiciales fuera de nuestras fronteras a tres requisitos: que haya víctimas españolas, que los supuestos responsables de los delitos se encuentren en España o que existan vínculos relevantes con nuestro país. Y eso, si la Justicia del Estado afectado no esté ya investigando los hechos.

El «tijeretazo» parlamentario se veía venir, sobre todo desde que las incursiones de nuestros jueces han levantado ampollas en el siempre delicado terreno diplomático. El acuerdo parlamentario supone, en cierta manera, retrotraer la cuestión a febrero de 2003, cuando el Tribunal Supremo concluyó que sólo la presencia de víctimas españolas justificaba la investigación de delitos contra la Humanidad fuera de nuestro país. El Alto Tribunal se pronunciaba sobre una denuncia de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, por el genocidio del pueblo maya en Guatemala, que la Audiencia Nacional había rechazado investigar. Pero dos años y medio después, el Tribunal Constitucional (TC) le enmendó la plana y obligó a nuestros jueces a aceptar la competencia con o sin víctimas españolas. Y hasta hoy.

China, en el disparadero

Pero, con los nuevos requisitos exigidos por el Parlamento, algunas de las causas abiertas en la Audiencia Nacional en aplicación del principio de Justicia universal nunca se habrían admitido. Entre ellas, las dos que tienen al Gobierno chino en el disparadero.El juez Santiago Pedraz investiga a seis altos cargos del Gobierno y del Ejército chinos, tres ministros incluidos, por la muerte de dos centenares de personas durante la represión que tuvo lugar en Lhasa en marzo del pasado año para sofocar las protestas tibetanas con motivo de los Juegos Olímpicos de Pekín. Pero en la denuncia no hay víctimas españolas por ningún lado, por lo que de interponerse una vez la reforma entre en vigor, debería haberse desestimado.

Lo mismo ocurriría con otras dos instrucciones en marcha contra China: una por genocidio y torturas en Tíbet y otra impulsada por el movimiento espiritual Falun Gong, investigadas ambas a regañadientes por el juez Ismael Moreno (quien se vio obligado a admitir la primera y reabrir la segunda a instancias del Tribunal Supremo). En este caso tampoco hay víctimas españolas ni vínculos notorios con nuestro país y los supuestos responsables de esos delitos se encuentran en China.

Otra de las causas que más polvareda han levantado fuera de nuestras fronteras –la investigación de Fernando Andreu a Israel por un ataque aéreo en Gaza en 2002– tampoco pasaría el «corte» ante la ausencia de víctimas españolas. Israel, además, ha reiterado que el hecho ya se investigó en su país (en lo que coincide el fiscal).

Otra denuncia sin víctimas nacionales, ésta en manos del juez Baltasar Garzón, que investiga a trece militares marroquíes desde diciembre de 2007 por delitos de genocidio en el Sahara tras la retirada de las tropas españolas, también estaría en el aire. A no ser que la presencia española en el Sahara se esgrimiera como ese vínculo relevante que la reforma legal exige. En este caso, los querellantes se quejan de la desaparición de medio millar de saharauis, en paradero desconocido desde 1975.