El Gobierno paga otra ronda

La compleja financiación autonómica, sometida a negociaciones que por momentos recuerdan los regateos del zoco árabe, se reanuda hoy tras el paréntesis electoral. El Gobierno y la Junta de Andalucía tienen previsto cerrar la cuantificación de la llamada «deuda histórica», que probablemente ronde los 1.200 millones de euros. Tiempo les ha faltado a otras seis comunidades autonómas para reclamar sus respectivas «deudas históricas», a saber: Aragón, Baleares, Galicia, Murcia, La Rioja y Extremadura. La lista, lógicamente, está encabezada por Cataluña, pionera en reivindicar deudas pendientes y a la que luego todas las demás autonomías han imitado, hasta el punto de que algunas han aprovechado la reforma de sus estatutos para solemnizar lo mucho que el Estado les adeuda. El acuerdo al que probablemente lleguen hoy el Gobierno y la Junta andaluza, que supondrá un alivio para las vacías arcas de Chaves, reactivará una nueva ronda negociadora a múltiples bandas, después de que en enero Zapatero recibiera, uno por uno, a todos los presidentes autonómicos, salvo el vasco y el navarro, que tienen concierto propio. En aquella ocasión, ninguno de los visitadores de La Moncloa se fue de vacío de buenas palabras y quien más o quien menos se llevó bajo el brazo la promesa de un fondo a la medida, ya fuera de suficiencia, competitividad, equilibrio o reajuste. Pero ahora ha llegado el momento de pasar de la retórica a los hechos y los agobiados gobiernos regionales confían en sacar tajada del Estado, que va desde los 600 millones de euros que reclaman Aragón y La Rioja a los 1.000 de Baleares o los 1.600 de Galicia y Murcia. Especialmente relevante será la negociación con Cataluña, que deberá sustanciarse entre esta semana y la próxima. La Generalitat aspira a un cheque de 3.000 millones, pero Solbes le ofrece 1.400, algo más que a Andalucía. El Gobierno se encuentra en una situación muy delicada y frágil, sin apenas margen de maniobra. Por un lado, tiene la caja vacía y ya no puede repartir el dinero con tanto dispendio como solía. Por otro, se arriesga a quedarse aún más solo en el Congreso si no satisface las exigencias pecuniarias de CiU y ERC, además de irritar a los socialistas catalanes. Si a esto se añade que está en capilla la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, el escenario que se le presenta a Zapatero es, cuando menos, turbulento e incierto, cuyos efectos en las elecciones europeas no serán precisamente positivos. Sin embargo, conviene anotar que todo ello es consecuencia de la improvisación y falta de rigor con que se ha afrontado la financiación autonómica, contencioso altamente volátil y fuente de agravios comparativos. En su día, para sacar adelante la reforma del Estatut que amenazaba fracasar, el líder socialista condicionó la financiación autonómica a un modelo abierto, sin definición ni criterios claros y objetivos, fiándolo todo a sus habilidades negociadoras y su capacidad de persuasión. Además, el Gobierno hizo oídos sordos a quienes advertían, incluso desde el PSOE, de que la inminencia de la crisis económica aconsejaba prorrogar el modelo de financiación de Aznar y no abrir melones que seguramente nadie podría digerir. Lo cierto es que los intereses partidistas se impusieron a la prudencia y así se ha llegado a la situación actual, con el tiempo agotado y las autonomías haciendo cola en la tómbola del Estado. Todas tienen reivindicaciones históricas pendientes de satisfacer, cheques que cobrar y facturas que endosar. Empieza, de nuevo, el baile de los agraviados, donde prima el color ideológico del gobernante.