El Gobierno premiará a Andalucía y Cataluña en la ayuda a la Dependencia

La nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, se puso ayer manos a la obra para impulsar el que es el gran negociado de su cartera, la Ley de Dependencia, una norma que en sus dos años de rodaje ha dado más disgustos que satisfacciones a sus beneficiarios. Jiménez presidió ayer su primer Consejo Territorial de Dependencia, en el que se reunió con los representantes autonómicos para repartir una parte de los fondos que el Gobierno destina a la ley -283 millones del total de 1.600 que se dedicarán en 2009-. La novedad acordada fue el cambio en el criterio del reparto del dinero entre las autonomías. Si hasta ahora el montante se asignaba en función de conceptos asentados como el número de habitantes, la renta y las pensiones medias o la dispersión de la población, desde ayer se dará un mayor peso al número de evaluaciones realizadas que haya hecho cada comunidad. En palabras de Jiménez: «Antes repartíamos en función de la población estimada y ahora lo haremos por las peticiones concretas». No obstante, sólo el 20 por ciento del fondo repartido estará sujeto a este criterio, el resto se seguirá distribuyendo de acuerdo con los criterios originales. La reforma fue propuesta por Andalucía y Cataluña, que son, precisamente, las que más personas dependientes evaluadas tienen -en Andalucía vive uno de cada cuatro dependientes que hay en España-. Sin embargo, no satisfizo a todos. Hubo consejeros que querían que la proporción asignada en función del número de evaluados fuera superior al 20 por ciento -incluso llegara al 80 por ciento-, mientras que a otros no les gustó la novedad, o la aceptaron con reservas y se abstuvieron en la votación, como algunos de los consejeros del PP. Distintas posturas Así, la consejera madrileña de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, explicó que se abstuvo en la votación del cambio de criterio de reparto de fondos porque «los cambios tienen que estar soportados en estadísticas». La consejera madrileña explicó que lo apoyaría siempre y cuando fueran datos consolidados, no los que las comunidades introducen en el sistema. Por su parte, Micaela Navarro, consejera andaluza de Igualdad y Bienestar Social, dijo que las comunidades que no quieren que el dinero se reparta en función de las personas atendidas, entre las que están Madrid y Comunidad Valenciana, «es porque realmente no las están atendiendo». ¿Cuántos cobran? Lo cierto es que a fecha 1 de abril de 2009, unas 900.000 personas en España habían solicitado ayudas a la Dependencia. De ellas, 800.000 ya habían sido evaluadas y algo más de 600.000 tienen derecho a recibir los beneficios de la Ley de Dependencia, de acuerdo con los datos introducidos en el sistema por las comunidades autónomas. Sin embargo, saber a ciencia cierta cuántas personas reciben realmente la ayuda que se les ha asignado es prácticamente imposible. Si bien es cierto que las comunidades autónomas detallan en los datos que recoge el programa informático del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia qué tipo de ayuda -desde teleasistencia, a atención residencial, entre otras- se le concede al usuario evaluado, existe una casilla para las personas «pendientes de identificar en el Plan Individual de Atención (PIA)» en el que actualmente están catalogados más del 40 por ciento de los dependientes evaluados. El porcentaje alcanza el 80 por ciento en Canarias o el 75,7 por ciento de los beneficiarios en Murcia. «No tengo motivo para dudar de que el dinero que se da a las Comunidades Autónomas para ayudas a la dependencia se destina a ese fin», dijo ayer Jiménez en la rueda de prensa. El nuevo sistema de asignación de fondos puede fomentar la carrera entre regiones por evaluar y dictaminar a sus dependientes, pero no garantiza la calidad del servicio, algo que la ministra asume y dice ser consciente de que «tendremos que introducir criterios correctivos». Pese a la decisión adoptada ayer, Trinidad Jiménez se comprometió en trabajar «para que no haya una merma en la aplicación de la ley», porque como ella mismo ejemplificó, «hay comunidades autónomas que tienen muchas personas dependientes, pero otras tienen el problema de tener a la gente muy dispersa», lo que también tiene un coste que algún criterio correctivo tendrá que tener en cuenta. El dinero asignado ayer es la partida más pequeña -llamada nivel acordado y que se destina a financiar los servicios y prestaciones de la Ley- de las tres que el Gobierno destina a ayudas a la dependencia. Las otras partidas son los cerca de mil millones del nivel mínimo -la financiación general y automática por beneficiario- y el fondo extraordinario de 400 millones de euros que el Plan E de Rodríguez Zapatero destina a la construcción de infraestructuras asociadas a la atención de dependientes y que, en cifras de la ministra, «crearán 50.000 nuevas plazas para atención a dependientes y 35.000 empleos relacionados». Pese a las «dificultades» que el desarrollo de la ley está presentando, Trinidad Jiménez quiso recordar que «hace dos años no existía» y «aunque queda trabajo por hacer, consolidar un derecho lleva tiempo», concluyó la ministra de Sanidad y Política Social.