El negocio del himno: la «marcha real» también pasa por la sgae

Cada vez que la obra 1.026 de su repertorio suena en televisión, los ordenadores de la SGAE se ponen en marcha. Lo mismo ocurre cuando la pieza aparece en un disco o cuando se emplea como sintonía radiofónica. Todos estos usos quedan registrados en el sistema de la entidad que, al acabar el año, hace un recuento de los derechos generados y entrega un cheque a su titular. Y nada se saldría de lo habitual en esta transacción si no fuera por un pequeño detalle: la obra 1.026 es, sin lugar a dudas, la composición musical más conocida de nuestro país, la Marcha Real.
Se supone que el himno es de todos los españoles, pero el ámbito de los derechos de autor es una excepción. Y así lo ha sido desde que Bartolomé Pérez Casas, primer director de la Orquesta Nacional, acuñara hace justo un siglo la versión oficial del toque militar, que hoy sigue generando jugosos beneficios. Primero los disfrutó él, después sus herederos y, desde 1997, el Estado español. Fue entonces cuando, tras unas larguísimas negociaciones, el Ejecutivo pagó 130 millones de pesetas por la titularidad de la obra hasta que pase al dominio público en 2036, ochenta años después de la muerte de Pérez Casas.
Desde aquel acuerdo, el Estado recibe la liquidación anual como socio número 60.790 de la SGAE. Según los datos obtenidos por este diario, el Gobierno ingresó 21.489 euros por dicho concepto en 2008, hasta acumular 165.957 en los once últimos años. Y eso que la factura podría resultar más abultada sin el artículo 38 de la Ley de Propiedad Intelectual, que exime del pago a los actos oficiales. Sí que se cobra, sin embargo, por las grabaciones y por la emisión del himno en los medios.

15.000 euros por la gestión
Además, hay que contar con el porcentaje (entre el uno y el cinco por ciento) que le sigue correspondiendo a los herederos, según el contrato firmado en su momento. Y, finalmente, está la «comisión» que cobra la SGAE: aunque la entidad no detalla la tarifa, asegura que «es la habitual, entre el nueve y el catorce por ciento, para cubrir nuestros gastos». O sea que, según el cálculo más conservador, la sociedad habría retenido casi 15.000 euros por tramitar estos cobros.
Para digerir este embrollo, hay que remontarse a los orígenes de la pieza, en el reinado de Carlos III. En aquella época, la obra era un toque militar, la «Marcha Granadera», de autor desconocido. El primero en plasmarla en una partitura fue Manuel de Espinosa en 1761 y, siete años más tarde, el Rey la declaró Marcha de Honor. Y, poco a poco, sin ningún papel que lo acreditase, la pieza se convirtió en el himno oficioso del país, ya que se interpretaba en los actos oficiales de la Familia Real.
En 1908 entra en escena Pérez Casas, que recibió el encargo de armonizar una partitura obsoleta. Su versión se siguió interpretando hasta 1931, cuando llega la República y se adopta el himno de Riego. Es entonces cuando el músico decide registrar sus arreglos bajo el número 65.282 del Registro General de la Propiedad Intelectual. «Pero su intención no era lucrarse, porque en ese momento no podía imaginar que la obra iba a generar tanto dinero», aclara Begoña Lolo, catedrática de Historia de la Música de la UAM.
Esa sencilla gestión convirtió a Pérez Casas en el dueño de la pieza más codiciada del repertorio español. Tras llegar al poder, Franco decidió que la «Marcha Granadera» fuese de nuevo el himno nacional. Y, como su decreto no incluyó una partitura específica, todo el mundo asumió que la anterior versión era la buena. A partir de entonces, la familia Pérez-Casas comenzó a recibir suculentos derechos de autor.

Su activo más valioso
Consciente de que era su activo más valioso, el compositor dejó atadísimo quién lo heredaría. Al fallecer sin descendencia, legó la mitad de los derechos a su sirvienta de toda la vida, María Benito Silva, que los disfrutó durante casi cuarenta años. La otra mitad acabó en manos de uno de sus amigos y discípulos, José Andrés Gómez, que a su muerte en 1997 los cedió a sus dos hijos. Ellos siempre han llevado el tema con férrea discreción y se resisten a abordarlo en público.
Estos pagos se llevaron en relativo secreto hasta que, en 1993, surgió el escándalo: un periodista desveló que el himno español estaba en manos privadas. Así comenzaron las alambicadas negociaciones para recuperarlo que cerró José María Aznar en 1997. Con este pacto, muchos creían acabado el asunto. Pero la letra pequeña del acuerdo suponía que, en vez de pasar al dominio público, los derechos sólo cambiarían de mano. Es decir, que la obra sigue sin ser «gratuita», aunque ya no sea la familia quien cobra por su explotación, sino el Ministerio de Cultura, que remite los ingresos a Patrimonio Nacional.
En realidad, no está tan claro que el Estado pudiera renunciar a cobrar por el himno. Algunos expertos en propiedad intelectual, como el abogado Javier de la Cueva, señalan que no hay consenso sobre si una pieza puede pasar al dominio público antes de que expire el plazo previsto (en este caso, 2036). En el Gobierno se escudan en que a los herederos de José Andrés Gómez les sigue correspondiendo un pequeño porcentaje de los ingresos generados por la pieza. Y desde la SGAE argumentan que «no pueden dejar de cobrar» si la obra está en su repertorio. «Lo que haga el Estado con el dinero es cosa suya», explican.
Pero ahí no queda la cosa: en estos años, ha surgido otro curioso negocio con la Marcha Real. Así, numerosos músicos han grabado versiones ligeramente modificadas para explotarlas comercialmente. Por un lado, la venden en CDs o la suministran a anunciantes, radios, televisiones... Además, algunos las registran en el repertorio de la SGAE para cobrar potenciales derechos de autor. Así, en la base de datos aparecen decenas de piezas «sospechosas» y este periódico ha constatado la disponibilidad de al menos tres versiones «oficiosas» en editoriales de Australia, Francia y Reino Unido.
 

De arreglistas a autores
Algunos de sus responsables no eran conscientes del borroso estatus legal del himno. Otros, sin embargo, defienden su negocio con la ley en la mano y lo comparan con las versiones de obras populares como los villancicos. Según ellos, no han adaptado la armonización de Pérez Casas, sino alguna versión anterior que sí estaría en el dominio público. «Al hacer un arreglo, los compositores se convierten en propietarios de los derechos», explica Dave Fuller, portavoz de Abaco Music Library, que comercializa una versión del himno casi idéntica a la original. La pieza figura como obra 3.560.643 del repertorio de la SGAE, pero Fuller no quiso revelar los ingresos que genera.
Ante la magnitud del catálogo global de música, resulta imposible determinar si todas estas versiones se ajustan a la normativa. De hecho, en un caso tan embarullado, a los propios expertos les costaría acordar cuál es el marco legal vigente. Además, la SGAE no hace un cotejo previo de las obras que incorpora a su catálogo, sino que acepta una declaración jurada de que la pieza cumple la ley. «Tenemos tres millones de canciones y no podríamos asumir el coste de comprobarlas todas», explica la entidad. «Quien se tiene que preocupar es el dueño de las obras y reclamar si cree que están infringiendo sus derechos».

No todos cobran sus derechos
En cuanto se cerró la compra de los derechos del himno, el Gobierno encargó la orquestación definitiva de la pieza al coronel Francisco Grau Vergara, director de la Unidad de Música de la Guardia Real. En la actualidad, su nombre figura como uno de los dos creadores de la obra 3.944.683 del repertorio de la SGAE, el «Himno Nacional de España (VA)», junto a Bartolomé Pérez Casas. Pero eso no significa que Grau Vergara reciba su cheque a final de año: en un decreto del 18 de septiembre de 1998, el Gobierno confirmó su renuncia a los derechos de explotación en favor del Ministerio de Cultura, que es quien hoy recibe y administra este dinero. «No me presionó nadie, es lo que me salió de dentro como español», asegura el compositor.