El pacto local en manos de PP e IU

Al final resulta que el retraso en la tramitación de la Ley de Régimen Local y la Participación en los Tributos de la Comunidad por parte de los ayuntamientos es responsabilidad de la oposición, de PP e IU.

El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, señaló ayer que es fundamental que el Grupo de Trabajo que se constituyó en el Parlamento de Andalucía el pasado 25 de marzo llegue a un dictamen definitivo para poder «impulsar» los nuevos textos legales. Por el momento, sólo el PSOE ha designado a sus dos representantes, los diputados Juan Paniagua, titular, y Fernando Martínez, suplente. Lo hizo el pasado 8 de mayo, más de 40 días después. Ni PP ni IU han nombrado aún a sus representantes. Según el consejero de Gobernación, la iniciativa para la creación de este grupo fue de la oposición; la realidad, y así consta en el diario de sesiones de la Cámara, es que la propuesta fue de los tres grupos políticos y se aprobó por unanimidad.

Éste es el argumento que ayer esgrimió Pizarro, que aseguró que una vez que ese grupo llegue a un acuerdo, «tendremos menos argumentos para justificar el retraso». De hecho, cuando la semana pasada habló del año 2011, antes de las elecciones municipales, lo hacía como «horizonte». El ex presidente Chaves lo situó en el primer semestre de este año.

Por tanto, ahora le toca mover ficha a la oposición. Teniendo en cuenta que hay un documento consensuado en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en la que están representados todos los partidos políticos, si populares e izquierdistas deciden asumir ese texto y «provocan» un acuerdo rápido, la Junta no podrá dilatar más el proceso.

Según Pizarro, que se reunió ayer con los ocho presidentes de las diputaciones provinciales andaluzas para impulsar este acuerdo de financiación municipal, el pacto «depende de la voluntad política» para lo que hizo un llamamiento al «respeto, lealtad y cooperación entre las instituciones». En este sentido, el próximo día 26 volverá a reunirse con la FAMP, si bien en este caso, lo hará con todos los miembros de la dirección de la institución y no sólo con su presidente, el socialista Francisco Toscano, acusado de «partidista» por PP e IU.