El PP blinda al presidente valenciano porque prevé que se archivará la causa

Apoyo total. La dirección del PP no aplicará a Francisco Camps y a su «mano derecha», Ricardo Costa, la regla de que su imputación en el «caso Gürtel» conlleve la suspensión de militancia, como ha ocurrido con los implicados del PP de Madrid –tres de ellos aforados y que mantienen su escaño– y también con el ex vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos.

Para justificar lo que parece una doble vara de medir, Génova alega que la situación de Camps no es comparable, ni por el tipo de delito del que se le acusa, ni por los indicios que hay en su contra, con los casos de los tres diputados madrileños y con el de otros cargos locales de la Comunidad de Madrid. En el cierre de filas pesa también la previsión de que la causa contra el «barón» valenciano –una pieza muy sensible dentro del puzzle del poder popular– se archivará antes incluso de que llegue el otoño.

Pero hasta entonces el caso plantea inevitablemente un doble problema a Rajoy. Por un lado, la comparación del trato dado a su «barón» –a quien le debe mucho en su batalla por seguir en la Presidencia del PP tras las generales de 2008– con el dispensado a Víctor Campos, ya que los dos están imputados por hechos parecidos y en base a las mismas pruebas. Por otro, el del coste político de un proceso que estará vivo en plena campaña europea. En las filas populares se descarta que la causa contra Camps tenga recorrido penal, pero sí se le ve en el plano político. Fuentes cercanas al presidente autonómico aclararon que el Gobierno valenciano y el PP regional han recibido con absoluta tranquilidad las imputaciones wporque les permitirán defenderse de las falsas acusaciones. «Ya era hora, tras tres meses de indefensión», según Federico Trillo.

El PSOE apunta contra RajoyEl portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, aseguró ayer que la imputación del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, en el «caso Gürtel» ha vuelto a poner de manifiesto que Mariano Rajoy es un «político en decadencia» que no tiene capacidad para tomar decisiones en su partido. «Si no da explicaciones, vincula su destino político a este caso», señaló, informa Ep. Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidió respeto y prudencia ante la decisión judicial. También reclamó explicaciones de la dirección del PP.