El PP quiere que el Tribunal de Cuentas fiscalice la cúpula de Barceló

El PP intentará que el Tribunal de Cuentas fiscalice los fondos que el Estado aportó para costear la obra del artista Miquel Barceló en la cúpula de la sede de la ONU en Ginebra para comprobar si se ajustaron a derecho, al entender que en este caso hubo un "uso ilegítimo"del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Para ello, según ha anunciado hoy en el Congreso el portavoz del grupo popular en materia de cooperación, Gonzalo Robles, esta formación va a buscar el respaldo de otros grupos para lograr que la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas encargue al órgano fiscalizador la supervisión de las subvenciones a esta obra. Robles ha anticipado esta iniciativa durante la comparecencia parlamentaria ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, quien ha negado tajantemente que el Gobierno haya cometido "ninguna actuación irregular"respecto a este asunto. De hecho, Rodríguez ha remarcado que es "absolutamente falso"afirmar que "se haya desviado un euro de la política de cooperación"para otros fines, y ha aclarado que los 500.000 euros entregados por España a la fundación Onuart -encargada de gestionar la restauración de la sede de la ONU- no se detrajeron de otros capítulos. El PP denunció en diciembre pasado el uso de dinero del FAD para sufragar la "cúpula"de la Sala XX de la sede de Naciones Unidas en Ginebra e incluso propuso al pleno del Congreso la reprobación del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, por este asunto, sin conseguirlo debido a la falta de apoyo de otros grupos. A requerimiento del grupo popular, Soraya Rodríguez ha dado hoy explicaciones sobre la utilización de los fondos destinados a Onuart, una fundación sin ánimo de lucro de la que ha destacado que tiene un 60 por ciento de aportaciones privadas y un 40 por ciento públicas y que es la que "ha tomado las decisiones"referidas al coste de la actuación llevada a cabo por el mallorquín Barceló. En especial, ha hecho hincapié en que el Gobierno español no ha recibido petición alguna de corrección por parte del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE por uso indebido de la ayuda oficial al desarrollo, y en que los 500.000 euros para la sede de la ONU no se han contabilizado como ayuda de este tipo. Ha aprovechado la secretaria de Estado para hacer constar la utilización "interesada"a su juicio por parte del PP de este asunto, a la par que ha defendido la total "transparencia"del uso de los fondos públicos en materia de cooperación. Sin embargo, en su intervención ante la comisión, Gonzalo Robles se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo cometió una equivocación, porque la partida que sirvió para rehabilitar la sede de la ONU consignada en los presupuestos generales del Estado para 2007 tenía como finalidad "la lucha contra la pobreza". Para probar que el Gobierno se dio cuenta de ello, ha recordado que el dinero que aportó en 2008 para esta misma obra ya no se entregó a través de los presupuestos generales, sino mediante una subvención directa a Onuart autorizada por un Real Decreto. Además, ha subrayado que este caso "no es un hecho aislado"porque el Gobierno ha financiado seminarios, conferencias e incluso un monumento y una biblioteca virtual con fondos de ayuda al desarrollo por valor de ocho millones de euros. En consecuencia, el grupo popular ha tramitado un requerimiento para que la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas debata la conveniencia de encargar a este órgano la fiscalización de las aportaciones públicas del Gobierno a la fundación responsable del acondicionamiento y decoración de la sede de Naciones Unidas.