El TC se plantea ahora trabajar en agosto por el fallo del Estatut

Tres años después de que al Tribunal Constitucional (TC) llegara el primero de los siete recursos presentados contra el Estatuto de Cataluña, a los magistrados del garante de la Carta Magna les han entrado las prisas. Hasta el punto de que –según aseguró ayer su presidenta, María Emilia Casas, en la presentación de la Memoria del TC de 2008– están dispuestos a quedarse sin vacaciones para darle el definitivo empujón a la esperada resolución. Casas recordó que «no sería la primera vez» que se adoptara una medida similar (ya se hizo, por ejemplo, con la consulta soberanista del ex lendakari Ibarretxe), pero por el momento, matizó, «es pura hipótesis». Y es que las previsiones más optimistas apuntan a que la sentencia podría hacerse pública incluso antes de agosto, un pronóstico que, sin embargo, no comparten algunos de los magistrados que componen el Pleno.

Pero la presidenta del TC rehusó, hasta en tres ocasiones, hablar de plazos. «Las sentencias estarán lo antes posible», respondió indefectiblemente cada vez que la prensa intentó arrancarle un compromiso para señalar una fecha en rojo en el calendario.

Casas hizo hincapié en que la agenda del TC «no es la agenda de la política», y que los magistrados no se sienten presionados por las informaciones periodísticas ni por las declaraciones de los partidos. El trabajo del tribunal, dijo, ha sido «muy intenso y sin interrupción». No en balde, subrayó, hasta el Constitucional han llegado en los últimos tres años 30.000 asuntos. Pese a todo, en el pasado ejercicio el número de los resueltos (13.353, una cifra «nunca alcanzada») superó por primera vez al de asuntos ingresados (10.410). Sin embargo, el número de sentencias ha descendido considerablemente: de las 265 de 2007 se ha pasado a las 187 del año anterior. Casas achacó esta mengua al aumento de providencias de inadmisión, y sobre todo, a las deliberaciones de los recursos pendientes de los estatutos de autonomía (en especial el de Cataluña).

Deliberaciones

Pero en el camino del Estatut también se han cruzado otros asuntos que, justificó Casas, explican que las deliberaciones se hayan prolongado tanto tiempo. En primer lugar, la obligación de resolver antes el recurso contra el Estatuto valenciano y, además, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y aunque Casas no se refirió a ellas, las recusaciones (entre ellas la de la propia presidenta) tampoco han ayudado a acelerar el proceso, lastrado incluso por la muerte del magistrado Roberto García Calvo.

Apartado de las deliberaciones Pablo Pérez Tremps, son diez los magistrados que han venido deliberando sobre el asunto, pese a «ausencias momentáneas por determinadas incidencias personales» (problemas de salud de alguno de ellos han comprometido incluso el quórum necesario para la toma de acuerdos).

Casas aprovechó su comparecencia para lamentar, una vez más, que el TC «no haya sido renovado» aún (el mandato de cuatro magistrados, incluido el de la presidenta, llegó a su fin hace año y medio y también hay que buscar sustituto al fallecido García Calvo). Aunque, eso sí, insistió en que los magistrados afectados (además de Casas, Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata) «cumplimos con nuestro trabajo hasta que seamos sustituidos».

Asuntos pendientes

El Tribunal Constitucional cerró el pasado año, según consta en la Memoria presentada ayer, con 498 procesos pendientes de resolución. En la carga de trabajo que soporta el TC, los recursos de amparo siguen siendo abrumadoramente mayoritarios: de los 10.410 asuntos ingresados, 10.279 son recursos de amparo. En otros 93 casos se trata de cuestiones de inconstitucionalidad, a las que se suman 24 recursos de inconstitucionalidad y 14 conflictos de competencia (ver gráfico).

Por comunidades autónomas, la que más leyes del Estado impugnó el pasado año fue Canarias (5), seguida de Madrid y La Rioja (ambas con dos).