Extremadura estudia recurrir al TC el Fondo Bancario de Zapatero

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura acordó hoy solicitar al Consejo Consultivo de la comunidad la elaboración de un dictamen sobre las "posibilidades"de interponer un recurso de inconstitucionalidad frente al decreto ley que regula la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En rueda de prensa hoy en Mérida tras la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno regional, Angel Franco apuntó que la Junta de Extremadura considera que dicha norma "invade competencias"de las comunidades autónomas en el apartado relativo a la regulación de los procesos de reestructuración de entidades de crédito. En su intervención, aclaró que la Junta comparte el "buen fin"del texto, que aún tiene que convalidarse en el Congreso de los Diputados, en tanto que el sector financiero "debe ser objeto de atención prioritaria"a tenor de que "en general (el citado sector) también está sufriendo la crisis económica y está atravesando problemas de una drástica reducción de sus beneficios empresariales". No obstante, y tras insistir en el "acuerdo"del Ejecutivo extremeño con la intencionalidad del decreto ley, resaltó que el Consejo de Gobierno estima que "pudiera haber algún vicio de inconstitucionalidad"en lo que hace referencia particularmente a la normativa de las cajas de ahorro. Así, aclaró que en el título octavo de la Constitución, en el propio Estatuto de Autonomía y en dos leyes regionales (en concreto la de Cajas de Ahorro y la de Cooperativas de Crédito) "hay una competencia"que asigna al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura a la "necesaria autorización administrativa para proceder llegado el caso a procesos de fusión o absorción de cajas de ahorro o cooperativas de crédito regionales". Esta normativa, según indicó el consejero, contiene un "tratamiento similar"en "todos"los estatutos de autonomía de "todas"las Comunidades Autónomas.

VOZ DE LAS CCAA Tras aclarar que existe un plazo de tres meses para interponer el recurso, insistió en que la Junta comparte la finalidad del decreto ley de "ayudar financieramente a las instituciones financieras en caso de debilidad y para reforzar su situación de recursos propios", aunque reiteró que al mismo tiempo el Gobierno autonómico "entiende que debe mantenerse lo que hace referencia a una competencia exclusiva de la propia comunidad autónoma relativa a la autorización administrativa para los procesos de fusión y absorción". "Las CCAA en estos procesos (de fusiones y absorciones) tenemos que seguir teniendo voz, tenemos que dar nuestra opinión respecto de eventuales procesos", señaló Franco, quien en cualquier caso apuntó que en Extremadura "no hay indicios"de que tengan que producirse tales decisiones, "por la buena situación de solvencia que mantienen las cuatro entidades financieras regionales". En esta misma línea, incidió en que con el estudio de posible inconstitucionalidad del Consejo Consultivo, y después del informe de los servicios jurídicos de la Junta que vislumbra cuestiones del decreto ley que "son discutibles", el Gobierno extremeño pretende "llamar la atención"sobre que "en los procesos (de fusiones y absorciones) y en lo que hace referencia a las cajas de ahorro, y no al resto de entidades financieras, las Comunidades Autónomas tienen que seguir teniendo capacidad de decidir". Así, reiteró que dicha capacidad de decisión "está"recogida en la Constitución, el Estatuto y en leyes aprobadas por la Asamblea de Extremadura.

SUPUESTOS PARA ACUDIR AL FROB Por otra parte, Angel Franco explicó que la Junta de Extremadura "no tiene nada que objetar"a la posibilidad de que "voluntariamente" las instituciones que se vean en situación de "debilidad"o que quieran "reforzar"su situación de liquidez para poder seguir operando en el mercado puedan acudir al Fondo de Reordenación Ordenada del Sistema Bancario (FROB). No obstante, subrayó que la Junta rechaza el apartado del Real Decreto Ley que hace referencia a las entidades financieras que tengan que acudir al "autoauxilio"del Fondo "no por una situación de debilidad sino por una situación más extrema de necesidad", en el caso del cual el decreto ley "previene que el Banco de España tiene todos los poderes para hacer lo que crea conveniente, incluida la sustitución de los administradores de la propia entidad". Finalmente, tras recordar que en los casos de fusión y absorción "ahora mismo la normativa vigente precisa una autorización administrativa del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura", rechazó que con el nuevo sistema --dijo-- "llegado a ese punto, todos los poderes están en manos del propio FROB, cuyos administradores designan directamente el Ministerio de Economía y Hacienda y que preside un gobernador del Banco de España". "En este proceso las CCAA tenemos un papel importante de autorización administrativa y llegado el caso las comunidades dejarán de estar", sentenció Franco, quien aclaró que esto último es lo que la Junta de Extremadura "no ve bien en principio, a salvo de lo que disponga o dictamine el Consejo Consultivo".