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Inmigrantes a la desesperada

Con la crisis, no es difícil prever más estallidos y choques como los últimos de Almería

Tiempo de lectura 4 min.

09 de diciembre de 2008. 00:07h

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9/12/2008

Lmuerte de un joven subsahariano, natural de Mali, en una pelea con otros jóvenes de origen marroquí provocó el pasado domingo graves incidentes en Almería entre los grupos de inmigrantes de una y otra procedencia. Varios comercios y vehículos sufrieron serios desperfectos. Hace tres meses, el homicidio de un senegalés en Roquetas de Mar, ocurrido también en fin de semana, dio origen a duros enfrentamientos entre inmigrantes subsaharianos y un grupo de gitanos. Gracias a la eficaz intervención de la Guardia Civil, que detuvo al presunto homicida, se pudieron calmar los ánimos de un colectivo dispuesto a tomarse la justicia por su mano. La trágica experiencia vuelve a repetirse ahora y, aunque la situación en Almería parece controlada, no cabe ignorar el polvorín sobre el que viven numerosas comunidades de inmigrantes en Andalucía y el resto de España.
    Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prevén que en los próximos meses haya un repunte de la delincuencia y de los actos violentos protagonizados por inmigrantes ilegales, reducidos a una condición aún más marginal a causa de la crisis económica. Desde hace varias semanas, miles de jóvenes, sobre todo subsaharianos, deambulan por las calles de pueblos y ciudades españolas en busca de un trabajo que les permita subsistir. Sin embargo, las principales oportunidades de empleo, como la recogida de la aceituna y otras labores agrícolas, así como la construcción, se están cerrando a estos inmigrantes, no sólo porque carecen de papeles, sino también porque muchos españoles en paro compiten para ocupar esos trabajos, sobre todo en el campo. Sólo en la provincia de Jaen, por ejemplo, se han contabilizado hasta dos mil trabajadores extranjeros en busca de un contrato para recoger aceituna. En consecuencia, se están formando bolsas de inmigrantes sin esperanzas de empleo, que viven en condiciones infrahumanas, sin techo y sin los servicios básicos. Los albergues y las instituciones municipales y autonómicas no son suficientes ni eficientes para ayudar a todos los necesitados, la mayoría de los cuales sobreviven gracias a organismos de la Iglesia como Cáritas y las órdenes religiosas. Y las perspectivas, al hilo del empeoramiento económico, no auguran un futuro más despejado. Sin caer en alarmismos ni catastrofismos, no cabe desechar que la situación pueda volverse muy crítica en determinadas zonas y provincias. A los efectos devastadores de la recesión económica hay que añadir la penuria financiera de los ayuntamientos, muchos de los cuales están al borde de la ruina y sin margen de maniobra para socorrer a los colectivos de inmigrantes. Y no parece probable que el plan de financiación municipal del Gobierno sea suficiente para aliviar la situación.
    Todo ello configura un escenario de urgencia que concierne al Gobierno de la nación, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Las tres administraciones deberían poner al día sus políticas de inmigración y elaborar planes específicos para evitar que la marginación económica y vital de decenas de miles de inmigrantes desemboque inexorablemente en la delincuencia, los enfrentamientos violentos y, por extensión, en un aumento de la xenofobia. La experiencia de otros países europeos con más tradición en este asunto demuestra que sin un tratamiento oportuno y adecuado, la sociedad de acogida reacciona a la defensiva y las comunidades inmigrantes tienden a protegerse en guetos, lo que provoca una honda fractura de la sociedad, causa permanente de conflictos.

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