Ministerio de Justicia

La Audiencia reabre la causa contra Carretero por prevaricación

El proceso judicial se archivó en enero de 2007, pero la Audiencia ha estimado el recurso de los querellantes.

Carretero, en una imagen de 2004, cuando declaró ante el TSJC
Carretero, en una imagen de 2004, cuando declaró ante el TSJClarazon

BARCELONA-La Audiencia de Girona ha reabierto la causa penal contra el ex conseller de Gobernación Joan Carretero por la recalificación de unos terrenos que llevó a cabo durante su etapa como alcalde de Puigcerdà. De esta manera, la Audiencia revoca la decisión del juez de Puigcerdà que archivó provisionalmente las actuaciones en enero de 2007. El caso se remonta a junio de 2004, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió a trámite una querella por prevaricación y desobediencia contra Carretero «por suscribir convenios urbanísticos con importantes grupos empresariales frontalmente contrarios al ordenamiento jurídico».Según la querella, Carretero y su sucesor en el consistorio, Joan Planella, firmaron un convenio en 2002 con la empresa Gesdip mediante el cual el Ayuntamiento de Puigcerdà modificó el plan de los terrenos de La Closa de l'Àngel –los cuales estaban destinados a la construcción de viviendas– para permitir la instalación de un supermercado Bon Preu y una gasolinera. Este convenio debía reportar al Ayuntamiento un total de 240.000 euros. Con estos recursos, el gobierno municipal debía construir unos ascensores para conectar la parte alta con la parte baja de este municipio de los Pirineos.El juez instructor acordó sobreseer la causa, pero la Fiscalía y los querellantes recurrieron la resolución. La Audiencia de Girona ha estimado ahora parcialmente este recurso y ha ordenado llevar adelante el proceso judicial únicamente contra Carretero al entender que la modificación de los terrenos de La Closa de l'Àngel es dudosa, ya que «multitud de resoluciones administrativas» consideraban esa zona de ámbito prioritario para la edificación de viviendas. Sin embargo, la Audiencia no ha reabierto la causa por la firma de otro convenio 2003, por valor de 480.000 euros, con el grupo alimentario Supeco para que la sociedad pudiera ampliar y modernizar la superficie comercial que tenía al inicio de la carretera nacional 260, pese a que el plan intermunicipal de la Cerdanya prohibía dicha ampliación.