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La eutanasia del poder judicial

  • La eutanasia del poder judicial

Tiempo de lectura 4 min.

15 de febrero de 2009. 23:44h

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15/2/2009

Los constituyentes fueron –fuimos– muy idealistas y bastante ingenuos. En aquel tiempo, nadie se hubiera atrevido a decretar la muerte de Montesquieu. Por el contrario, había un respeto reverencial por el dogma de la división de poderes, que Charles-Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, había acuñado en su obra «El espíritu de las Leyes», publicada en 1748.
Nuestra Constitución quiso que la Justicia se administrara por jueces y magistrados «independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley». Y para garantizar su independencia, se despojó al poder ejecutivo de cualquier intervención en la Administración de la Justicia. Así se configuró, como órgano de gobierno de los jueces, un Consejo General del Poder Judicial, donde tendrían asiento veinte hombres –o mujeres– justos y benéficos nombrados por el rey. Doce de ellos serían elegidos entre jueces y magistrados, y los ocho restantes designados por las Cortes Generales entre abogados y juristas, «todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión». Al Consejo correspondería la elección de su presidente que, además, asumiría la presidencia del Tribunal Supremo.
Para reforzar aún más la independencia del Poder Judicial, la Constitución estableció la prohibición de que jueces y magistrados pudieran desempeñar otros cargos públicos o pertenecer a partidos políticos o sindicatos. No obstante, se les permitiría constituir asociaciones para la defensa de sus intereses profesionales. Craso error.
Varias son las razones por las que las previsiones constitucionales han saltado por los aires produciendo una lamentable perversión de la Constitución. En 1985 –en plena era del absolutismo parlamentario felipista–, todos los miembros del Consejo dejaron de ser elegidos por los propios miembros de la carrera judicial para ser nombrados por las Cortes Generales. (En los debates constitucionales, el portavoz socialista Gregorio Peces Barba dejó bien sentado que el artículo 122 de la Constitución garantizaba la elección directa por los jueces y magistrados de los doce puestos a ellos reservados en el Consejo. Luego se olvidó de ello). En segundo lugar, las asociaciones de jueces, magistrados y fiscales no se han limitado a la defensa de sus intereses profesionales sino que son fiel reflejo de las ideologías políticas en liza. Y así basta con saber a qué asociación pertenece un miembro de la magistratura para ponerle la etiqueta de juez «progresista», «centrista» o «conservador», circunstancia que con toda probabilidad dejará su impronta en las resoluciones judiciales donde exista algún interés político en juego. (La desvergüenza progresista llega a extremos tan obscenos como el episodio de la cacería del ministro Bermejo y del juez Garzón en pleno desarrollo de la gran operación contra la supuesta trama de corrupción de algunos miembros del PP).
Así que habrá que concluir que tenía razón Alfonso Guerra cuando, a raíz de la reforma de Felipe González de 1985, proclamó que Montesquieu había muerto. En efecto, el pensador francés murió –o, cuando menos, lo dejaron en coma vegetativo, prácticamente irreversible– cuando los partidos políticos decidieron repartirse los puestos a cubrir en el Consejo General del Poder Judicial, introduciendo así un espurio sistema de cuotas; murió desde el momento en que un presidente del Gobierno se atreve a nombrar de facto al presidente del Tribunal Supremo, lo anuncia públicamente sin ningún pudor y, lo que es peor, los consejeros le obedecen con total sumisión; murió cuando en el Consejo los nombramientos de los cargos más importantes de la magistratura  comenzaron a repartirse entre las asociaciones «políticas» de la magistratura. Esto ha permitido, por ejemplo, a «Jueces para la Democracia» (de obediencia socialista y claramente minoritaria) colocar en puestos de responsabilidad a un gran número de miembros de su asociación en proporción infinitamente superior a su exigua representatividad. Mientras tanto, las perspectivas de promoción de una gran mayoría de jueces y magistrados no afiliados a ninguna asociación son prácticamente nulas.
Pero por si a Montesquieu aún le quedara un soplo de vida, el Gobierno ha decidido aplicarle la eutanasia y proyecta para ellos dos reformas que pueden dar la puntilla a la independencia del poder judicial y que traen causa del Estatuto de Cataluña. La primera de ellas será privar al Tribunal Supremo de su condición de garante de la unidad jurisdiccional, al despojarle de su carácter de intérprete supremo del ordenamiento jurídico en todos los órdenes judiciales. La otra consistirá en permitir la injerencia del poder político regional al prever la constitución de diecisiete Consejos del Poder Judicial en cada una de las Comunidades Autónomas, con presencia significativa de consejeros nombrados por los parlamentos autonómicos, en régimen de dedicación exclusiva, lo que conllevará la asignación de una pingüe retribución. Lo único que nos faltaba es que los sátrapas de las autonomías, susceptibles de ser enjuiciados por los Tribunales Superiores, puedan tener tan eficaz instrumento para condicionar la acción de la Justicia.
Sólo el Tribunal Constitucional podría salvar los restos del naufragio de la independencia del Poder Judicial. Pero dada su  politización extrema, es más que probable que al final asistamos al definitivo entierro de Montesquieu. En tal caso, no nos quedará otro remedio que rezar por su pronta resurrección, aunque mucho me temo que para ello se necesiten poderes sobrenaturales. Entre tanto, que los jueces, encargados de velar por los derechos y libertades de los ciudadanos, hagan huelga –por muy legítimas que sean sus reivindicaciones– me parece una aberración.

* Doctor en Derecho, profesor de Derecho Foral Público y ex presidente de Navarra

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