La Policía detiene a diez personas por estafar con falsas vacaciones en multipropiedad

Agentes de Policía Nacional han desarticulado una red organizada que llevaba a cabo estafas con falsas vacaciones en multipropiedad, según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Diez personas han sido detenidas en un entramado empresarial que llegó a conseguir 200.000 euros, a falta de que otros perjudicados denuncien, en cuyo caso, la cifra podría ascender. El grupo estaba perfectamente organizado y disponía de una amplia infraestructura que les permitía operar sin levantar sospecha. La Policía Nacional ha detenido a diez personas acusadas de integrar un entramado empresarial que ofrecía vacaciones en régimen de uso por tiempo compartido, más conocido por el término 'multipropiedad', lo cual está prohibido desde que se promulgara la ley 42/98. Según fuentes policiales, la red actuaba exigiendo a los futuros socios una importante cantidad de dinero, que a veces conseguían mediante un préstamo personal. La operación fue puesta en marcha meses atrás, cuando los agentes del Grupo 9 de UDYCO, especializados en la investigación de delitos económicos, abrieron una investigación que ha culminado con las diez detenciones. Al parecer, las víctimas se sentían engañadas por la sociedad Identity Soluciones Inmobiliarias, ya que los directivos de ésta les habían convencido para formar parte del Club Sol de Vacaciones. Los perjudicados decidieron denunciar la estafa, y la Policía comenzó las gestiones de la operación. Los estafadores vendían la idea de que, por turnos, los usuarios podrían beneficiarse de estancias en inmuebles propiedad del Club de Vacaciones. Para terminar de convencerles, les instaban a realizar una prueba, totalmente gratis, aunque, eso sí, debían firmar un contrato con la empresa, documento que traía aparejada la formalización en una entidad bancaria de un préstamo personal de unos 23.000 euros. Pese a que los socios tenían constancia, según los estafadores, de la posibilidad de solicitar la baja en un periodo de 10 meses, cuando quisieron poner en práctica este derecho, no sólo no podían hacerlo sino que nadie atendía en los teléfonos facilitados, ni era posible contactar con persona alguna en el Club Sol de Vacaciones ni en Identity Soluciones Inmobiliarias. Hasta el momento, la cifra estafada alcanza los 200.000 euros, si bien el número podría incrementarse considerablemente si otros posibles perjudicados se animan a denunciar, ya que se han detectado en Internet más avisos de la falsedad de esta promoción.

UNA AMPLIA INFRAESTRUCTURA Según consta en las diligencias policiales, la red estaba perfectamente organizada y estructurada. Al parecer, poseían una importante infraestructura y amplios conocimientos sobre gestión empresarial turística, lo que les permitió llevar a cabo el delito sin levantar grandes sospechas. Además, algunas de las personas integrantes de la red tenían amplios conocimiento legales, con lo que seguirle la pista a la estafa se complicó. Entre los detenidos, se encuentra el administrador de Identity Soluciones Inmobiliarias, Antonio P.D.,de 55 años, que desempeñaba el mismo trabajo en otras diez sociedades. Declaró que lo había aceptado a cambio de una cantidad de dinero. Asimismo, la Policía averiguó la identidad de otros dos presuntos implicados en la trama y el lugar al que se habían trasladado, tras constituir una nueva empresa, en el distrito madrileño de Salamanca. La sociedad figuraba con otro nombre, pero con el mismo objeto social que las anteriores. En esta nueva localización, los agentes de Policía detuvieron al resto de implicados en los delitos. Se trata de Juan C.G., de 42 años, y Jorge Luis R.U., de 36, organizadores y máximos responsables; su hombre de confianza: Jesús R.G., de 42; una segunda administradora, Cristina del Pilar R.R., de 27; los intermediarios que gestionaban los préstamos en el banco: Francisco Javier S.S., de 45, Julio G.G., de 36, e Israel L.R., de 37; una persona dedicada a la captación de clientes, María del Carmen G.F., de la misma edad que el anterior, y la empleada administrativa de los despachos, Ana María P.R., de 39. Algunos de los miembros de la organización estaban fichados por la Policía y tenían antecedentes, como Antonio P.D, que estuvo detenido por un delito contra los derechos de los trabajadores y tenía en vigor una averiguación de domicilio y paradero. Jesús R.G., por su parte, contaba con dos por robo con fuerza, lesiones y atentado contra la autoridad. El resto carece de antecedentes.