Ley de Costas: Hay que derribar el casco viejo de Gijón y Santander

La interpretación que está haciendo Medio Ambiente de la Ley de Costas ha generado una revuelta social de los afectados. La norma deja, a su juicio, demasiadas interpretaciones que ponen en peligro propiedades privadas que se han construido hace décadas, cuando no existía la ley. De hecho, la interpretación estricta del texto normativo obligaría a derribar la primera línea de playa de ciudades como Gijón, Santander y San Sebastián. ¿Por qué? «Porque el 13 de marzo de 2001, por ejemplo, las olas entraron en el casco viejo de San Sebastián (lo mismo ocurrió en otras ciudades del norte de España), por lo que desde ese momento debe ser considerado dominio público», explica el abogado José Ortega, que representa a la Asociación de Afectados por la Ley de Costas. Según la definición actual de la norma, es zona marítimo- terrestre «la alcanzada por los máximos temporales conocidos».

Es decir, cualquier lugar que por un temporal se vea afectado por el oleaje pasa a ser dominio público. Los perjudicados piden que el texto vuelva a la definición que hubo desde 1880 hasta 1998. «Alcance de las olas en los temporales ordinarios», decía. Rehenes del clima «Éste es sólo un ejemplo, hay más casos de clara confusión jurídica», dice Ortega. Ante esta indefensión, «que nos transforma en rehenes del clima», los afectados, españoles y extranjeros, decidieron elevar una queja a la UE. Lo curioso es que Europa les ha dado la razón, España ha sido condenada por una «aplicación abusiva, arbitraria y retroactiva de la Ley de Costas y exige su reforma», explica el abogado. Ortega aclara, «no somos señoritos ni ricachones. Somos amas de casa, carpinteros, pescadores... que están perdiendo sus posesiones. No admitimos en nuestra asociación a personas que hayan levantado construcciones ilegales». Se desmarcan, por tanto, de algunos famosos casos de hoteles construidos casi sobre el agua.

¿Pero qué más ejemplos denuncian en la asociación? La fecha es clave en la interpretación de la norma. Su retroactividad está haciendo que construcciones que han sido consideradas legales durante décadas, y a las que se les han cobrado sus impuestos, sean ahora un montón de escombros. Un ejemplo que parece evidente, denuncian los afectados, es el caso de las playas artificiales. La nueva ley dice que se consideran playas «los depósitos de materiales sueltos de origen marino o continental, natural o artificial». La clave es el nuevo término de artificial. Supongamos que, como ha pasado en distintas zonas del litoral, la administración decide hacer una playa artificial que ensancha el arenal. Si una propiedad pasa a estar en zona de dominio público será expropiada. En definitiva, la lista de agravios es larga, denuncia la asociación, e incluye deslindes, servidumbre... Ellos han presentado una propuesta legal que se ha entregado a todos los partidos políticos. ¿Es justo que una carpintería que ha pagado sus impuestos desde 1940 se derrumbe porque una obra ha cambiado el puerto? Pasó en Tenerife. Lo que hace seis décadas era legal, hoy ha dejado de serlo.