Obama no juzgará las torturas de la CIA

El presidente estadounidense, Barack Obama, reconoció nuevamente que las torturas practicadas por agentes de la CIA durante la Administración Bush minaron la autoridad moral de su país en materia de Derechos Humanos, pero anunció que su gobierno no juzgará a los funcionarios que las cometieron, y pidió pasar página a ese capítulo «negro y doloroso» de la historia de Estados Unidos. Así lo aseguró Obama en una declaración pública después de que el Departamento de Justicia hiciera público de forma parcial el contenido de cuatro informes oficiales elaborados entre 2002 y 2005 en los que se recogen los argumentos de la anterior administración para justificar el uso de técnicas como el ‘waterboarding' (ahogamiento simulado) en los interrogatorios a presuntos terroristas. Obama volvió a recordar que una de sus primeras decisiones como presidente fue prohibir el uso de esas técnicas de interrogatorio porque, dijo, «no hacen más seguro» a Estados Unidos, y justificó la publicación de los informes asegurando que quiere evitar interpretaciones «imprecisas» sobre lo ocurrido y subrayando que lo consultó antes con el director de Inteligencia Nacional. Sin embargo, para el presidente Obama no es el tiempo de los «castigos» sino de la «reflexión», tras lo cual aseguró que los funcionarios que cumplieron con sus obligaciones «de buena fe» apoyándose en el asesoramiento legal del Departamento de Justicia «no serán juzgados».«No ganamos nada dedicando nuestras energías a buscar culpables», añadió. «Los hombres y mujeres de nuestro servicio de inteligencia trabajan con coraje en primera línea en un mundo peligroso. Sus logros no se reconocen y sus nombres permanecen en el anonimato, pero gracias a sus sacrificios los estadounidenses están más seguros. Debemos proteger su identidad al igual que ellos velan por nuestra seguridad, para que puedan cumplir su trabajo con confianza», añadió. Por su parte, el fiscal general, Eric Holder, subrayó que la Administración Obama defenderá a cualquier funcionario que pueda ser enjuiciado por esos hechos «dentro o fuera» de Estados Unidos porque se trata de hombres y mujeres que trabajan para proteger a Estados Unidos y porque hacerlo, dijo, sería «injusto» ya que su actuación estaba refrendada por el Departamento de Justicia.