Radiografía de la ley más polémica del Gobierno

Madrid- La actual Ley del Aborto ha estado vigente 25 años. Un cuarto de siglo en el que, la mayor parte del tiempo ha funcionado sin polémica alrededor, pero, de acuerdo con expertos de todas las tendencias políticas, de forma muy distinta a cómo estaba planeado. Una ley que mantiene el aborto como un delito salvo en tres supuestos, pero que, en la práctica, permite interrumpir el embarazo sin trabas durante toda la gestación no podía contar con las simpatías de nadie. Sin embargo, el hoy tenso debate del aborto ha permanecido dormido durante décadas. No fue hasta hace poco más de un año cuando, a raíz de una investigación judicial sobre las escandalosas irregularidades cometidas en clínicas abortistas de Madrid y Barcelona, el PSOE empezó a pensar en desempolvar la vieja polémica y convertir en ley lo que ya era una realidad, el aborto libre en España. Todo comenzó el 30 de noviembre de 2007, cuando la Guardia Civil comenzó a registrar las clínicas del ginecólogo Carlos Morín en Barcelona. Semanas más tarde, la investigación continuó en Madrid. Morín y varios de sus colaboradores acabaron detenidos y sus centros cerrados después de que se descubriera que en sus clínicas, especializadas en abortos tardíos, se falseaban informes médicos, se deshacían de los fetos muertos con un triturador, en lugar de a través de los servicios funerarios, se cobraban precios astronómicos, muchas veces en dinero negro y se practicaban abortos a menores sin permiso paterno. Éstas son sólo algunas de las «perlas» de la lista de cargos que se le imputan. Con la investigación llegó el escándalo. «¿En España se pueden abortar fetos de siete y ocho meses?» «¿Vale con rellenar un test para que un psiquiatra certifique el grave riesgo para la salud de la mujer?» «¿Vienen mujeres de toda Europa a España a abortar cuando los plazos en sus países se han agotado?» Preguntas como éstas asaltaban a personas que, hasta entonces, ni siquiera se consideraban antiabortistas.En estas, José Luis Rodríguez Zapatero volvió a ganar las elecciones, hace ahora un año. Aunque en su programa electoral no se encontraba de forma explícita la reforma de la ley del aborto, fue uno de sus primeros anuncios, aprovechando el caldo de cultivo del reciente debate social: la ley se cambiaría para dar «seguridad jurídica» a médicos y pacientes. Con la ley, además, se dotaba de contenido a su última ocurrencia: el Ministerio de Igualdad. Lo hacía en detrimento del de Sanidad que, hasta el momento, había sido el encargado de los asuntos relacionados con la interrupción del embarazo. Expertos afinesEn septiembre, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunció quién se encargaría de redactar el grueso de la ley: un comité de expertos (juristas y médicos) elegidos «a dedo», claramente vinculados al PSOE y otros partidos de izquierdas y favorables a la ampliación del aborto. Con posterioridad, abrió la mano y prometió tener también en cuenta las recomendaciones de una subcomisión creada en el Congreso para estudiar la reforma de la ley. Subcomisión que fue despachada en la mitad de tiempo del previsto y de cuyas conclusiones se excluyó al PP. CiU y PNV tampoco participaron. El resultado es que, aunque no existe aún el anteproyecto de ley y Aído está organizando reuniones de trámite, ya hay un esbozo de lo que será la nueva ley. Éstos son algunos de sus puntos más polémicos.- Plazos. Con la nueva ley, se podrá abortar libremente desde la semana 14. Desde el principio, el Gobierno dejó entrever que sus intenciones eran claras: el modelo actual se cambiaría por una «ley de plazos». La clave es que el aborto deja de ser un delito para convertirse en un derecho, al menos en las primeras semanas de gestación. Los expertos nombrados por Aído empezaron sus reuniones manejando plazos amplios, entre las 22 y las 24 semanas, es decir, un embarazo de seis meses. Pero acabaron en 14. La presión del Gobierno, que aún necesita buscar apoyos parlamentarios (de acuerdo con los propios expertos), y la oposición frontal de las sociedades científicas de ginecología, que estiman que un feto con 22 semanas puede sobrevivir, rebajaron la propuesta inicial. Aun así, el de 14 semanas no es uno de los plazos más bajos de Europa. - Indicaciones. Después de las 14 semanas también se podrá abortar. Hasta las 22 semanas por malformación del feto o por grave riesgo para la salud de la mujer. Después, también, aunque sólo si hay malformaciones «incompatibles con la vida». Para José Zamarriego, presidente del Comité de Bioética de la Sociedad Española de Ginecolgogía, esto supone «mantener el coladero». Aunque se suponía que el control iba a ser más estricto, el Gobierno aún no se ha planteado recuperar los comités de evaluación para evaluar el «grave riesgo», previstos en la ley de 1985 y posteriormente derogados por el Gobierno de Felipe González.- Malformaciones. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha anunciado hace unos días, tras su reunión con los representantes de los discapacitados, que eliminará las referencias a «taras físicas y psíquicas». Sin embargo, sólo será un eufemismo, pues el aborto por malformaciones se mantiene. La mayoría de los que se producirán hasta la semana 22 serán de fetos con síndrome de Down, sordera, ceguera, otras minusvalías o, simplemente, con el labio leporino. La ley lo ampara.- Menores. Tanto el comité de expertos de Igualdad como la subcomisión del Congreso han recomendado que, a partir de los 16 años, las chicas puedan abortar sin permiso de sus padres. Y sin siquiera su conocimiento. «Si está permitido que tengan relaciones sexuales a los 13 años también habrá que permitir que aborten a los 16», explicó a este periódico uno de los expertos de Aído. Aunque, una vez más, su intención inicial era más ambiciosa: pretendían que se pudiera abortar libremente desde los 14 años. Finalmente, parece que la propuesta se quedará por el camino, tras la polémica surgida. Y es que a los 16 años, una joven no puede fumar, beber alcohol, ni siquiera faltar a clase sin permiso. En Igualdad ahora dicen que nunca se dio por hecho, pero la propia ministra dijo que «si una menor puede casarse a los 16 es lógico que también decida sobre su embarazo». - Objeción de conciencia. «Hay médicos que objetan por la mañana y que hacen abortos por la tarde». La desafortunada frase la pronunció el ministro de Sanidad, Bernat Soria (el gran excluido de esta ley). La idea era hacer un registro de médicos objetores. Sin embargo, parece que la presión de colegios, sindicatos y demás colectivos de facultativos han conseguido que, al menos esta ley, no entre en profundidad en este asunto. La subcomisión del Congreso, liderada por el PSOE también tuvo que recortar sus pretensiones en este aspecto. Sólo pide que la objeción no sea invocada por centros sanitarios en bloque. Su petición de acotar sólo este derecho a los ginecólogos (dejando fuera a enfermeros, anestesistas, auxiliares, etc.), se quedó por el camino.- Penas. Aún no hay anteproyecto de ley. Lo que está claro es que «ninguna mujer que se someta a una interrupción del embarazo irá a la cárcel». Así lo dijo, textualmente, la ministra de Igualdad en la presentación de las conclusiones de su comité de expertos. El aborto deja de ser un delito, sale del Código Penal e, incluso cuando se practique fuera de los límites legales, los expertos piden que se rebajen las condenas. - Apoyo a las clínicas. Las conclusiones de la subcomisión alertan de la «desvalorización social» que sufren los médicos que practican abortos. Por ello, proponen «facilitar apoyo institucional del Estado a los profesionales que intervienen en la práctica de la interrupción del embarazo». También contribuirá a mejorar sus condiciones la norma de confidencialidad que, en principio, iba a ser un decreto del Ministerio de Sanidad, pero que cabe suponer que se incorporará al articulado de la ley.- Ayudas a la mujer. Tras las peticiones de la oposición, familias y grupos pro vida, los expertos de Aído dieron alguna pincelada sobre este asunto en su documento. Las pacientes que acudan a abortar deberán ser informadas de las ayudas a las que puede acceder. Eso sí, si los plazos están ajustados se podrá eliminar este engorroso requisito.