Rebelión indígena en Perú: nueve policías muertos

BUENOS AIRES- La muerte llegó en forma de flechas y balas. Unos 3.000 indígenas siguen en pie de guerra contra el Gobierno de Alan García, que no deroga decretos que, consideran, ponen en peligro sus tierras y su supervivencia. En el último capítulo del conflicto nueve policías murieron, siete desaparecieron y 22 fueron liberados. Es la crónica sangrienta del rescate militar de un grupo de 38 agentes de seguridad.
Los policías secuestrados estaban vigilando una estación de producción de petróleo, en la localidad de Imaza, región Amazonas, y fueron tomados como rehenes por nativos que protestaban por una violenta intervención policial en la carretera unas horas antes. Estos fallecidos se suman a los once agentes que murieron el viernes en la recuperación, por parte de la Policía, de una carretera selvática unos 1.000 kilómetros al norte de Lima, y la revuelta provocada en poblaciones vecinas por esta acción.
Al ver a los policías intentar despejar la vía en Curva del Diablo, manifestantes que se hallaban en cerros aledaños desde la noche anterior comenzaron a arrojarles piedras y objetos contundentes.
Ataque con flechas y lanzas
De pronto, un grupo comenzó a disparar con escopetas y armas de guerra –lanzas con punta de hierro y madera– e hirió a numerosos efectivos, lo que motivó que estos últimos subieran a las lomas para enfrentarse cuerpo a cuerpo. Una vez allí, los agentes fueron atacados por otro grupo de indígenas que llegó por la parte de abajo.
Además, la operación policial desencadenó revueltas en las cercanas poblaciones de Bagua y Bagua Grande, donde hubo incendios, saqueos y tiroteos. Desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), denunciaron la muerte de 22 indígenas de la etnia awajún. Su presidente, Alberto Pizango, reiteró sus críticas a los decretos legislativos que fueron dictados en el marco del proceso de implantación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos. «El agua y los territorios son de la nación y hoy en día quieren privatizarlos», afirmó Pizango. Por su parte, Alan García insistió en que hay mucho desconocimiento en torno a los decretos legislativos cuestionados por los nativos por considerarlos lesivos a los intereses de las comunidades. Entre las normas cuestionadas figura una que regula el manejo de los recursos hídricos y otra que establece los parámetros de gestión del patrimonio forestal. Esos decretos fueron dictados en 2008 por el presidente, en uso de las facultades especiales que le otorgó el Congreso.
Las comunidades indígenas sostienen que esas normas son «lesivas» para sus intereses y permiten la «privatización» de los bosques y los recursos hídricos. Desde el Gobierno, en cambio, explican que esa legislación «ordena» el manejo de los recursos naturales y preserva áreas para los indígenas. También aclaran que la inversión privada es necesaria para Perú, siempre que se respete lo establecido en la legislación del país.
 

Agresión premeditada contra Perú
El presidente de Perú, Alan García, afirmó hoy que los graves sucesos registrados en Bagua (norte del país), que se saldaron con la muerte de más de 30 personas, responden a una "agresión cuidadosamente preparada contra el Perú".
En una declaración institucional, García consideró que se trata de "una conspiración que ha interrumpido la producción y el transporte de petróleo, el envío de gas hacia las ciudades de la costa", y ante todo ello es necesario "responder con serenidad y firmeza".
Achacó la ola de violencia a "políticos que predican fórmulas extremistas, que no han tenido eco en la población de las ciudades", en aparente alusión al Partido Nacionalista Peruano de Ollanta Humala, el más importante de la oposición peruana.
García dijo que esos dirigentes políticos "movidos por apetitos electoreros, se han puesto del lado del salvajismo extremista".
Sin hacer ninguna alusión a los muertos entre los indígenas amazónicos (que oscilan entre 9 o una treintena, según las fuentes), el presidente lamentó los 22 policías "asesinados en condiciones de salvajismo y barbarie", a los que degollaron en algunos casos, dijo.
Para el mandatario, los decretos legislativos que los nativos quieren ver derogados y que han estado en el origen de las protestas, garantizan a 400.000 integrantes de las etnias amazónicas 12 millones de hectáreas, más otros 15 millones destinados a santuarios ecológicos y parques naturales.
El presidente recordó que derogar aquellos decretos -como exigen los indígenas- equivaldría a "impedir a los peruanos aprovechar las riquezas de gas y petróleo del subsuelo que de acuerdo a la Constitución pertenecen a toda la Nación".
Por último, el jefe de estado aseguró contar con el apoyo de la población "contra la agresión subversiva y el terrorismo".