Sombras de la liberalización eléctrica

En el marco de la liberalización del sector eléctrico, el 1 de julio los usuarios domésticos de Sevillana Endesa pasarán a depender de otra compañía de su grupo, Endesa Energía XXI, que aplicará las tarifas que fije el Ministerio de Industria. Tarifas que pasarán a denominarse «de último recurso» (TUR).Si la potencia que tienen contratada no supera los 10 kw, estos usuarios no tienen que hacer nada hasta que llegado el mes de julio, las nuevas ofertas que lancen las comercializadoras que operan con sus propias tarifas les lleven a reflexionar si merece o no la pena cambiar de compañía.Pero no todos los andaluces dependen de Sevillana Endesa. Hay más 200.000 familias que son suministradas por pequeñas distribuidoras. Y la mayoría de ellas, lo quieran o no, serán dadas de alta en comercializadoras cuyas tarifas y condiciones contractuales les resultan una incógnita. Comercializadoras con las que, además, no podrán acogerse al nuevo descuento en las tarifas que aprobará el Gobierno denominado bono social.Las irregularidades se están produciendo en toda España y Facua las ha denunciado ante las autoridades competentes en materia de Consumo tras haber dado cuenta de ellas, sin recibir respuesta, al Ministerio de Industria.Buena parte del alrededor de un millón de usuarios que no dependen de las grandes distribuidoras que operan en el país –Endesa, E.On, Hidrocantábrico, Iberdrola y Unión Fenosa– no serán traspasados a una de las cinco denominadas comercializadoras de último recurso –que aplican la TUR–, sino a algunas de las que operan con tarifas del mercado libre.Pequeñas distribuidoras de todo el país han negociado acuerdos con las grandes comercializadoras del mercado libre para traspasarles a sus clientes o han creado las suyas propias para mantenerlos.Con esas altas unilaterales sin información previa sobre las condiciones tarifarias y contractuales, las empresas están vulnerando el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, además de incurrir en diversas cláusulas abusivas prohibidas por el mismo.Para colmo, los clientes que dependan de comercializadoras que operen con sus propias tarifas no podrán beneficiarse del descuento que implicará el denominado bono social: si su potencia es de 2,2 kw o menos, todos los miembros de la familia están en paro o no alcanzan determinados niveles de renta.