Un millón de hogares sin trabajo

Los datos de la Encuesta de Población Activa publicados ayer no sólo han caído como un jarro de agua fría en el ánimo de los ciudadanos, también han transmitido la imagen de un Gobierno sobrepasado por la crisis. La confesión de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, de que «son peores de lo esperado», lejos de ayudar a pasar el mal trago, pone en evidencia la fiabilidad del Gobierno para diagnosticar las dimensiones de la depresión. En los últimos meses no se ha cumplido ni uno solo de los pronósticos oficiales, algunos tan recientes como el del ministro de Trabajo, quien hace tres meses aseguró rotundamente que jamás se llegaría a los cuatro millones de parados. El propio presidente Zapatero auguró a finales del pasado año que a partir de marzo de 2009 se empezaría a crear empleo. Sin embargo, el desempleo ha aumentado en 802.800 personas (3,45 puntos, hasta situarse en el 17,36% de la población activa), con lo que el número total alcanza los 4.010.700 parados, la cifra más alta de la historia. Las autonomías más golpeadas son Canarias (26,1%) y Andalucía (24%). Otro dato que revela en su crudeza los efectos del paro en el tejido social es que ya hay más de un millón de hogares cuyos miembros están todos sin empleo. ¿Qué se puede hacer para frenar esta carrera? ¿Son adecuadas las medidas que ha tomado el Gobierno? Es verdad que algunas de esas iniciativas sólo tendrán efectos a medio plazo, pero otras, como el plan de inversión municipal dotado con 8.000 millones, aún presentan unos resultados muy magros: apenas 150.000 empleos de los 400.000 pronosticados. La percepción mayoritaria, sin embargo, es que el equipo económico de Zapatero no acaba de acertar con sus decisiones, aunque no ahorre optimismo a la espera de que escampe. Tampoco ha sido muy afortunado el comentario de Elena Salgado, ayer, cuando dijo que «con 800.000 parados más no se puede decir que el despido sea caro». Sorprende que la máxima responsable de la economía confunda la flexibilidad laboral con el paro. ¿Qué puede haber más caro para un empresario que el cierre de su empresa, como les ha sucedido a 88.472 pequeños empresarios en los últimos tres meses, según los datos de la Cepyme publicados ayer? Aunque parezca inocuo, este equívoco de Salgado desvela el critero erróneo con el que se aborda la lucha contra el paro, seguramente para no enfrentarse a los sindicatos. En lugar de abrir un debate sin dogmatismos sobre la propuesta de la CEOE de introducir, mientras dure la crisis, un nuevo contrato laboral que no ate al empleador, el Gobierno prefiere seguir utilizando el dinero público en subvencionar el paro. ¿No sería acaso más eficiente subvencionar el empleo? En todo caso, lo que demanda la ciudadanía es que se afronte la crisis desde un pacto de Estado. El presidente Zapatero debería aceptar la mano que le tiende Rajoy y entre ambos hacer un frente común. La necesidad de este pacto es tanto mayor cuanto se agrava la situación de los trabajadores inmigrantes, el 30% de los cuales está en paro. Ayer se produjo en la Naval de Sestao una huelga que es sintomática: los trabajadores paralizaron la empresa para protestar por la contratación de inmigrantes con salarios muy inferiores. Al margen del componente xenófobo que pueda encerrar, este incidente laboral pone el dedo en la llaga: los elevados costes laborales que colocan a España a la cola de la competitividad en Europa. Mientras no se aborde con rigor, responsabilidad y consenso este asunto, las cifras del paro tardarán en mejorar.