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Itziar Aizpurua, viuda de Gorostodi, fue parlamentaria de HB la tercera y cuarta legislaturas

Una ex etarra exige al Congreso la pensión máxima para ex diputados

  • Una ex etarra exige al Congreso la pensión máxima para ex diputados
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    Una ex etarra exige al Congreso la pensión máxima para ex diputados

Tiempo de lectura 4 min.

16 de diciembre de 2008. 01:14h

Comentada
16/12/2008

 

 

 

madrid- Cosas veredes don Sancho: una independentista vasca, histórica dirigente de Herri Batasuna, militante de ETA durante el franquismo, que solicita al «Estado opresor» una pensión compensatoria. No es broma. Hablamos de Itziar Aizpurua Egaña, viuda del también dirigente de HB Jokin Gorostodi, ambos enjuiciados en el proceso de Burgos. Él fue condenado a muerte (luego se conmutó su pena por cárcel) y ella, a 15 años de prisión por el delito de rebelión. Militante de Herri Batasuna desde su fundación en 1978, fue encarcelada durante 20 meses por colaboracion con banda armada, pero el TC anuló aquella sentencia, y todos los miembros de la Mesa Nacional fueron liberados.

Entre 1986 y 1993 fue diputada electa a Cortes Generales por Guipúzcoa y, aunque rara vez participó en las sesiones del Congreso, ahora reivindica la protección social que rige para los ex diputados desde 2006. En concreto, la ex etarra reclama, en un escrito dirigido a la Mesa el pasado 19 de septiembre, que se le aplique el Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras Prestaciones que establece la pensión máxima de jubilación para todos aquellos diputados que lo hubieran sido por un periodo mínimo de siete años. Así, en los supuestos en los que los ex parlamentarios no alcancen el límite máximo de percepción de pensiones públicas, las Cámaras abonan la diferencia entre este límite y la pensión percibida por el solicitante.

Habiendo cumplido los 65 años en abril de 2009, la ex dirigente de Herri Batasuna exige al Congreso que se le reconozca el derecho al cobro de la pensión compensatoria por haber sido diputada durante la cuarta y quinta legislaturas. Adjunta para ello una resolución de la Seguridad Social de Guipúzcoa por la que le ha sido concedida una pensión de 718,01 euros.

La Cámara Baja le comunicó el pasado octubre que no cumplía los requisitos del Reglamento de Pensiones, ya que no estuvo como diputada los siete años mínimos exigidos. Aun así, Aizpurua insistió, un mes más tarde, en el propósito, y presentó una reclamación previa. En su segundo escrito acusó al Congreso de no haber cotizado por todo el periodo que duraron las dos legislaturas, pues la cotización «se efectuó a partir de la toma de posesión como parlamentaria, y no a partir de su elección». Es más, sostiene que la Cámara «ha infringido los preceptos constitucionales que garantizan la situación jurídica de los titulares de derechos subjetivos, no garantizándose ciertas prestaciones a determinados grupos sociales y, en concreto, a los pensionistas al imponer límites a sus derechos».

Pues bien, ayer, la reunión de la Mesas conjuntas Congreso-Senado volvió a rechazar el escrito de la ex etarra con el mismo argumento. Según el Archivo del Congreso, Aizurúa no fue diputada en la cuarta y quinta legislaturas, como ella sostiene, sino en la tercera y la cuarta. En concreto, entre el 8 /07/86 y el 2/09/89, y entre el 20/11/89 y el 13/04/93. Los servicios jurídicos de la Cámara arguyen, también, que se tramitó su alta en la Seguridad Social, con efectos 8 de septiembre de 1990, «una vez aportada la baja en su anterior puesto de trabajo, en la empresa Mandoegui S.A.L., con fecha 7 de septiembre de 1990». Las Cortes tramitaron su baja el 29 de junio de 1993, fecha de inicio de la quinta Legislatura. Por ello, se deniega por segunda vez la pensión que solicita Aizpurua.

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